Río Negro intimó al gobierno por los fondos educativos con "acciones legales"

La provincia de Río Negro intimó este viernes al Gobierno nacional para que envíe los fondos educativos que corresponden a esa jurisdicción bajo advertencia de iniciar "acciones legales".

Desde el Ministerio de Educación provincial sostuvieron que el Ejecutivo llevó a cabo un "desfinanciamiento intempestivo e imprevisto" del área y dirigieron la intimación al ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la carta a documento enviada el jueves se solicita que, en un "plazo improrrogable de 48 hs", sean ejecutadas de forma "inmediata" las partidas presupuestarias correspondientes de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).

Según detalla la intimación, la norma citada "prevé una asignación específica de recursos coparticipables equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La provincia patagónica exigió lo mismo con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID- Ley N° 25.053), Conectividad y Material Didáctico, que se utiliza para "la remisión de fondos a cada jurisdicción provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados específicamente a la mejora del salario de los docentes".

En tanto, la intimación provincial señala que "el desfinanciamiento intempestivo e imprevisto por parte del Estado Nacional pone en peligro el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, y en la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206)".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así como también "el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Educación N° 4819 y leyes de financiamiento educativo e incentivo docente".

En caso de no tener una respuesta favorable, la carta documento que lleva la firma de la ministra de Educación y Derechos Humanos rionegrina, Patricia Campos, manifiesta que se iniciaran las "acciones legales pertinentes"