PSJ Cobre Mendocino: qué es el proyecto minero y por qué divide tanto a Mendoza

El Senado de Mendoza dio este martes sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata. La propuesta, enviada por el gobernador Alfredo Cornejo, fue aprobada con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, en una sesión atravesada por manifestaciones antimineras en las inmediaciones de la Legislatura.

Diversas entidades empresarias consideran que PSJ Cobre Mendocino representa una oportunidad estratégica para la provincia. El Consejo Empresario Mendocino (CEM) calificó la aprobación en Diputados como "un paso relevante" hacia una minería metalífera moderna y sustentable, y destacó que el proyecto podría contribuir a la diversificación de la matriz productiva, una demanda que el sector privado sostiene desde hace años.

Las cámaras mineras, industriales y metalúrgicas coincidieron en que el proceso técnico estuvo respaldado por organismos como la CEIAM, el Conicet y la UNCuyo, y destacaron que la DIA establece condiciones estrictas y actualizaciones periódicas. 

Para el sector empresario, un aval legislativo enviaría una señal de previsibilidad e institucionalidad a inversores locales y extranjeros, en un contexto provincial marcado por proyectos demorados o frustrados en las últimas décadas.

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El dirigente metalúrgico Fabián Solís remarcó, además, el impacto que tendría la minería en la industria local: "El 50% de las compras de un proyecto así son metalúrgicas". Las cámaras empresarias plantean que, si cumple todas las exigencias técnicas y ambientales, Mendoza debe habilitar inversiones que generen empleo formal y nuevas cadenas de valor.

En paralelo, el rechazo ciudadano y ambientalista sigue siendo fuerte en Uspallata y en distintos sectores de la provincia. Movilizaciones vecinales, organizaciones ambientales y algunos especialistas cuestionaron la viabilidad del emprendimiento y advierten que PSJ –el nombre histórico del proyecto San Jorge– podría afectar ecosistemas frágiles de la alta montaña.

El Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), dependiente del Conicet, observó "deficiencias metodológicas y falta de rigurosidad científica" en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Según el organismo, existen omisiones críticas sobre riesgos en el agua, el suelo y la biodiversidad, así como posibles impactos en actividades económicas centrales como la producción vitivinícola.

Los sectores opositores sostienen que la minería metalífera en zonas sensibles implica un nivel de riesgo que no puede ser revertido por controles posteriores. Para ellos, el avance del proyecto podría comprometer recursos hídricos clave y modificar irreversiblemente un ambiente de alta montaña.

Para el empresariado, el proyecto ya superó las etapas técnicas que la Ley 7722 exige y debe ser ratificado para demostrar previsibilidad. Para los sectores críticos, persisten dudas científicas de fondo y riesgos ambientales inadmisibles.

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