Máximo Kirchner impulsará audiencia entre el Ministerio de Trabajo y empleados de Georgalos

Los diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner y Sergio Palazzo y el senador nacional Eduardo ‘Wado’ de Pedro impulsaron la concreción de la audiencia entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y los trabajadores de Georgalos, en el marco de la denuncia, por parte de los empleados, que exigen la reincorporación de aquellos que fueron despedidos.

Luego de la reunión que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso de la Nación con los funcionarios de UxP, los trabajadores aseguraron que fueron “recibidos y apoyados” en la denuncia y que, además, tanto Kirchner como Palazzo y de Pedro “dijeron que iban a arbitrar los medios” para que, finalmente, se concrete dicha audiencia con la cartera bonaerense comandada por el ministro Walter Correa.

En la denuncia, los empleados exigen que se determine “la ilegalidad de los despidos” y se utilicen las herramientas legales “que tienen a su alcance” para reincorporarlos, debido a que la ley le otorga al Ministerio las facultades “para imponer el cese de las acciones ilegales de las empresas”.

Asimismo, remarcaron que en todo el territorio argentino el derecho a huelga “es Constitucional” y, como “no puede ser jamás causal de despido”, los mismos deben anularse.

Según los funcionarios, la empresa será multada por incumplir con la conciliación obligatoria, sin embargo, los trabajadores exigirán lo que para ellos es “la causa de fondo”, que son los despidos “ilegales”.

Diego Ciani, uno de los trabajadores despedidos, fue echado de la empresa “por haber acatado un paro llamado por el Sindicato de la Alimentación”.

“Sabemos que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene todas las herramientas necesarias para imponerle a la empresa que se cumpla con la ley y volvamos a nuestros puestos. Estamos insistiendo en esto porque, hasta ahora, la empresa hizo lo que quiso y el Ministerio de Buenos Aires se lo permitió, más allá de prometer una multa por violar la conciliación. Debería determinar la ilegalidad de los despidos y poner multas por eso”, concluyó.