Córdoba
30/04/2026 | 15:56
Redacción Cadena 3
La Iglesia Católica de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares expresaron su preocupación por el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que podría implicar retrocesos en políticas de integración socio urbana.
El planteo se realizó este jueves durante una conferencia de prensa titulada “En defensa de los barrios populares”, que tuvo lugar en el Arzobispado local. Participaron el cardenal Ángel Rossi, el presbítero Melchor López, la referente de la organización TECHO Ayelén Cabaña y la vecina Débora Koraj. Tras las exposiciones, se abrió un espacio de preguntas con los medios.
Durante el encuentro, los expositores advirtieron que la iniciativa propone modificar aspectos centrales de la Ley 27.453, que establece un régimen de regularización dominial e integración socio urbana para barrios populares en todo el país. Coincidieron en que, de aprobarse, la norma podría poner en riesgo el acceso a servicios básicos, herramientas de protección y procesos de urbanización en marcha.
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En Córdoba, señalaron, más de 40 mil familias podrían verse afectadas. Además, recordaron que en la provincia existen 318 barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En su intervención, Rossi centró su mensaje en la problemática habitacional y la dignidad humana. “Probablemente no hay palabra que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que ‘sin hogar’”, expresó. Y agregó: “La deuda social y ambiental con los pobres se paga haciendo efectivo el derecho a tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación”.
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Por su parte, López detalló el alcance de la política vigente y su impacto. Indicó que el RENABAP permitió identificar 6.467 barrios populares en el país, donde viven más de 5 millones de personas, y destacó que la implementación de la ley posibilitó obras de integración socio urbana en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mediante acuerdos con 130 municipios, 18 provincias y 160 organizaciones.
Cabaña, en tanto, sostuvo que el proyecto en discusión “desarma los instrumentos estructurales” que sostienen la integración urbana y advirtió sobre consecuencias concretas. Mencionó que existen 671 obras paralizadas en el país, más de 11 mil mujeres con pagos pendientes del programa Mi Pieza y 150 juicios de desalojo activos que afectan a más de 4.500 familias.
Además, remarcó que el 75% de los barrios populares de Córdoba tiene más de 20 años de antigüedad y que aún persisten déficits en el acceso a condiciones de vida adecuadas.
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Desde una perspectiva territorial, Koraj destacó la organización comunitaria en los barrios y el rol de las cooperativas en la integración social. También subrayó la importancia del Certificado de Vivienda Familiar como herramienta para garantizar derechos y pidió sostener una legislación que respalde a las familias.
A lo largo de la conferencia, los participantes coincidieron en la necesidad de mantener políticas públicas orientadas a la integración, el acceso a servicios y el acompañamiento estatal. La jornada concluyó con un llamado a trabajar de manera conjunta por ciudades con mayor inclusión y condiciones de vida dignas.
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