Juez clausura Alcaidía de General Pico por hacinamiento extremo y condiciones deplorables

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - Un juez ha decidido clausurar de forma inmediata el Pabellón 5 de la Alcaidía de General Pico, dejando al Gobierno de Sergio Ziliotto ante una situación carcelaria alarmante: se detectaron 76 detenidos para apenas 39 camas, celdas sin inodoros, desbordes cloacales, ratas, insectos, filtraciones y cortes de agua potable durante la noche. Esta resolución se basa en un hábeas corpus correctivo colectivo presentado por la Defensa Pública.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el juez de Ejecución Penal Jorge Mauricio Pascual consideró que las condiciones existentes superaban lo tolerable para personas bajo custodia estatal. El relevamiento que sustentó esta decisión fue realizado el 4 de septiembre y la resolución fue dada a conocer el 7 del mismo mes.

La situación más crítica fue reportada directamente desde el establecimiento: 47 condenados y 29 procesados con prisión preventiva estaban alojados en un espacio destinado para 39 camas o tarimas habilitadas. Esto resultó en 37 personas sin cama individual, obligando a algunos a dormir en el piso de cemento o sobre colchones en mal estado.

El Pabellón 5, inicialmente diseñado para aislamiento, se convirtió en un lugar de alojamiento colectivo. En una celda se encontraron hasta nueve internos y en otra siete, lo que contrasta con la capacidad prevista.

Las inspecciones también revelaron problemas de ventilación y luz natural, así como humedad, filtraciones y sanitarios insuficientes. Ante la falta de inodoros, algunos detenidos debían hacer sus necesidades en baldes o en un hueco conectado a la cloaca.

El expediente también describió la presencia de aguas servidas, moscas, cucarachas y ratas, además de restricciones en el acceso a jabón, papel higiénico, ropa de cama y la posibilidad de lavar prendas. Algunos internos permanecían encerrados entre 22 y 23 horas diarias.

Esta situación no fue fruto de una denuncia política, sino que las pruebas fueron aportadas por defensores oficiales y evaluadas por un magistrado que ordenó medidas concretas. La resolución impactó directamente en el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, que fue intimado a entregar camas, colchones y sábanas, reparar las redes sanitarias, desobstruir cloacas, desinfectar el edificio y restablecer el suministro de agua potable durante la noche. Además, se dispuso la reubicación de los internos del pabellón clausurado.

El fallo también recordó un antecedente incómodo para la administración de Ziliotto: en 2024, la provincia había licitado la ampliación y refacción de la Alcaidía con un plazo de ejecución de 180 días. Este período ya estaba vencido cuando se resolvió el hábeas corpus, y no se encontró evidencia de que las obras se hubieran completado.

La privación de libertad no puede justificar que el Estado someta a una persona a condiciones degradantes. El juez fundamentó su decisión en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estándares interamericanos sobre agua, cama individual y servicios sanitarios. La responsabilidad política recae sobre el Ejecutivo, ya que el alojamiento y los recursos materiales son competencia de la administración provincial, aunque la clausura haya sido decidida por un poder independiente.