ONGs presentan denuncia ante la ONU por caso de Rudnev y critican actuación del fiscal Arrigo

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La situación de Konstantin Rudnev, un ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas en Bariloche, ha suscitado nuevas presentaciones en organismos internacionales, enfocándose en la actuación de la Justicia Federal de la ciudad rionegrina.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, dos ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) -Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) y Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP LC)- elevaron una nueva declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Este documento fue presentado para la sexagésima tercera sesión del Consejo, programada en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.

La declaración destaca que Rudnev se encuentra bajo arresto domiciliario en Argentina y sigue en recuperación tras una cirugía y hospitalización. El texto señala que las indicaciones médicas requieren "estricto reposo en cama y asistencia continua", advirtiendo que cualquier medida que lo lleve de nuevo a prisión "lo expondría a riesgos que las autoridades deben considerar".

El documento critica detalladamente una reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que decidió examinar una queja de la fiscalía contra la resolución que había cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario.

Las ONG firmantes sostienen que esa intervención es incompatible con el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Según se indica en la declaración, el Código Procesal -por medio de los artículos 53, 54 y 350- asigna a jueces con funciones de revisión las decisiones tomadas durante la etapa de investigación preliminar, excluyendo "las de la jurisdicción del Tribunal de Casación".

Este diseño, argumentan, busca prevenir disputas interminables sobre medidas cautelares y mantener la presunción de inocencia. Al aceptar la queja de la fiscalía, la Cámara de Casación habría abierto "una vía procesal que el CPPF no contempla", exponiendo nuevamente a Rudnev, quien tiene un estado de salud delicado, a la posibilidad de encarcelamiento.

El recurso presentado por la defensa de Rudnev, mencionado en el documento, describe cómo "se declaró admisible una queja sin fundamento legal" y cómo la intervención de Casación contradice el CPPF y la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medidas coercitivas, afirmando que la resolución "carece de fundamentación adecuada y no respeta garantías constitucionales".

El marco del derecho internacional

El texto también hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que forma parte de la Constitución argentina. En este contexto, se citan especialmente los artículos 14.2, que establece garantías para un juicio justo, y 14.5, que protege el derecho a que una condena sea revisada por un tribunal superior.

Las ONG argumentan que cuando la revisión de casación sobrepasa los límites del derecho interno, "la coherencia del sistema queda comprometida".

La figura del fiscal Arrigo

Uno de los puntos más críticos de la declaración se centra en el fiscal Fernando Arrigo, cuya actuación en este caso ha sido objeto de análisis por investigadores internacionales, quienes "concluyeron que bordea una obsesión especial hacia este imputado y el 'culto' que supuestamente lidera".

Las organizaciones afirman que Arrigo ha asumido un rol que excede las funciones de su cargo, indicando a los jueces "cómo debe leerse el Código Penal y cómo pueden dejarse de lado sus límites".

Esta dinámica, argumentan, altera el equilibrio entre la acusación y el poder judicial, priorizando la estrategia de la fiscalía sobre el texto de la ley, lo que pone en riesgo las garantías procesales.

En sus conclusiones, la declaración "invita respetuosamente al Gobierno de Argentina y a las autoridades judiciales competentes" a garantizar la aplicación del CPPF según sus términos y a "respetar los límites jurisdiccionales".

Se sostiene que los recursos no autorizados por el código "no deberían utilizarse para prolongar o intensificar medidas coercitivas", y que cualquier decisión sobre la situación de Rudnev debe considerar su salud, evitando "cualquier retorno a prisión que su salud no pueda soportar".

Un reclamo sobre el sistema procesal penal

Con esta nueva intervención en Ginebra, estas ONG subrayan que el caso Rudnev no se limita al tratamiento de un único imputado, sino que expone cómo el sistema procesal penal argentino interactúa con los compromisos internacionales.

El Consejo de Derechos Humanos deberá evaluar no solo las denuncias sobre el trato hacia Rudnev, sino también una advertencia sobre el riesgo de que los mecanismos diseñados para proteger el debido proceso sean eludidos.

La declaración será formalmente incorporada a la documentación de la sesión de septiembre-octubre del Consejo de Derechos Humanos, mientras la defensa de Rudnev también considera una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.