Elevaron a juicio una causa por estafas con viviendas prefabricadas en Córdoba

El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba resolvió elevar a juicio una causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita dedicada a cometer estafas reiteradas a través de empresas de construcción de viviendas prefabricadas. La decisión alcanza a diez personas imputadas y fue adoptada tras confirmar el requerimiento formulado por la Fiscalía de Instrucción Subrogante.

El juez Gustavo Hidalgo rechazó los planteos de la defensa que se oponían a la elevación a juicio y también denegó el pedido de cese de prisión preventiva para quien sería el jefe de la organización. En su resolución, el magistrado sostuvo que persisten riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación, en función de la gravedad de los hechos y la eventual pena en expectativa.

Según la acusación, Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani habrían conformado una estructura criminal orientada a cometer delitos contra la propiedad. La operatoria se habría desarrollado bajo distintos nombres comerciales, entre ellos Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista.

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De acuerdo con la investigación, los imputados captaban clientes mediante un discurso engañoso difundido en redes sociales, sitios web y contratos que prometían construcciones en seco, plazos breves y pagos vinculados al avance de obra. 

Sin embargo, las obras no se ejecutaban o quedaban inconclusas, mientras que las víctimas eran presionadas para realizar pagos adicionales mediante excusas y adendas contractuales.

La Fiscalía describió una organización con roles definidos, que incluía un presunto líder encargado de negociar con los damnificados, un organizador que coordinaba tareas y justificaba los incumplimientos, y otros integrantes que actuaban como vendedores, prestanombres de las sociedades o colaboradores en maniobras específicas.

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La causa también señala que se habrían utilizado renders irreales, fotografías de obras ajenas y referencias falsas para inducir a error a los clientes. Entre las pruebas reunidas se encuentran testimonios de ex empleados, mensajes de los imputados y distintos elementos que darían cuenta de los ardides empleados.

Los hechos investigados involucran a más de 30 víctimas de Córdoba y de otras provincias, quienes habrían entregado sumas millonarias en efectivo, transferencias u otros bienes sin recibir las viviendas prometidas o recibiendo construcciones defectuosas, lo que habría generado ganancias ilícitas para la organización.