El primer capítulo de la millonaria "usina de facturas truchas", a juicio

En sólo dos años, fue capaz de generar 80 usinas de facturas truchas. Para el fiscal federal Enrique Senestrari, ya está culminada y lista para ser juzgada, la primera parte de una causa que en su momento generó un enorme revuelo en Córdoba.

Diego Alberto Vieyra Ferreyra asoma en toda esta historia como el “organizador” de una maniobra multimillonario. “A partir de sus conocimientos informáticos, contables y fiscales se encargaba de obtener por sí o por interpósitas personas el Cuit y la clave fiscal de las ‘usinas’ y ‘usinas mixtas’, emitir facturas electrónicas apócrifas desde el domicilio de calle Veracruz 1908, Residencial América, de la ciudad de Córdoba, coordinar su emisión desde otros domicilios y venderlas, directamente o a través de intermediarios, a los clientes de la organización. Asimismo, acordaba y fijaba las comisiones a recibir de los clientes de las facturas por parte de los intermediarios y de los prestanombres para generar ‘usinas’ – en caso que hubieran consentido el uso de su Cuit y clave fiscal –, los plazos de cobranzas, la reposición de los cheques recibidos y rechazados, y las gestiones ante Arca DGI para demorar las fiscalizaciones y continuar con el uso de las ‘usinas’ –cambio de domicilios fiscales, cambio de puntos de venta, presentaciones sistémicas, etcétera– o para asegurar su mejor provecho por parte de sus clientes”.

De esta manera, el fiscal federal sintetizó el fin de la instrucción contra 10 imputados. Se trata de la primera parte de una causa mucho más voluminosa, que tiene en la mira no sólo a los generadores de estas “usinas”, sino también a reconocidos empresarios y hasta a economistas.

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Para Senestrari, ya están agotadas las pruebas para juzgar a Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, María Belén Gómez, Damián Gabriel Olivieri Brizuela, Jorge Daniel Cuevas, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, Cristian Debarre, Sebastián Toranzo y Martín José Dus, acusados presuntamente de haber conformado y “ una asociación destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la comisión de un número indeterminado de ilícitos”.

Todo comenzó a revelarse, casi por casualidad, en 2018, cuando un joven de 22 años llegó hasta el edificio de los Tribunales federales. “Mi mamá me dijo que viniera acá porque me llegó una carta de la Afip”, dijo, antes de revelar lo que se iba a convertir en la punta de la madeja de una de las causas más grandes de los últimos tiempos.

Hacía unos días le había llegado una intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El monotributo del muchacho, que se dedicaba al break dance (un baile al estilo hip hop que se realiza en las plazas públicas), estaba generando facturas por montos voluminosos.

De inmediato, un empleado judicial lo sentó y comenzó a hacerle preguntas. El joven insistía en que él jamás le había dado una factura a nadie. El verano anterior, recordó, había estado trabajando dos meses en Villa Carlos Paz. Luego, regresó a la ciudad de Córdoba y continuó con su hobby. Estaba inquieto: la carta de la Afip le auguraba problemas.

En Tribunales federales lo tranquilizaron. Y lograron que hiciera un poco de memoria. Entonces recordó que un conocido le había pedido la clave fiscal. A cambio de sólo unos pocos pesos, le había asegurado que se despreocupara.

Comenzaba, en aquel momento, una gigantesca investigación que hoy tiene casi 20 mil facturas bajo sospecha, emitidas desde el 1º de enero de 2018. En un primer momento hubo 45 imputados, 17 de ellos con alguna clase de detención (en prisiones o domiciliarias), y una importante colección de vehículos de alta gama, de cuadriciclos y de yates secuestrados.

“A partir de todas las usinas individualizadas, entre 1/2018 y 31/8/2020, se emitieron 19.036 facturas electrónicas apócrifas por un total de $2.290.683.886,09. generando un crédito fiscal espurio de $ 342.146.515,45”, concluyó la investigación de Senestrari.

La causa impresiona por el volumen: se detectaron cerca de 600 “usuarios” de estas facturas apócrifas, además de decenas de firmas que intermediaron en la confección de estas usinas. Un verdadero conglomerado para la evasión, según apuntó el fiscal.

Tras una larga batalla entre el propio Senestrari y el hoy jubilado juez Ricardo Bustos Fierro, la causa estuvo a punto de naufragar algunas veces, hasta que se dividió en “capítulos”.

El primero de ellos, sostiene hoy Senestrari, ya está listo para ir a juicio. Ahora, todo cuenta con el aval del juez Carlos Ochoa, que está subrogando el juzgado que supo comandar, durante décadas, Bustos Fierro.

En síntesis, se persigue a una presunta organización que al parecer generaba facturas apócrifas, las que luego eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

Uno de los empresarios procesados, Cristian Debarre, quien ostenta un estilo de vida más que holgado en su casa del country El Bosque, a la luz de todo lo que se le secuestró en un primer momento en el marco de esta causa, una vez que comenzó a ventilarse esta investigación vendió su empresa, el call center Corphone, uno de los más grandes de la provincia, a Diomedes Manuel Carbone.

Se trata de un hombre con múltiples causas en su contra, que hace unos años fue investigador por supuestamente lavar dinero de la sanguinaria banda narco rosarina "Los Monos".

Según se conoció a principios de 2023, los investigadores sospechaban en aquel momento que Carbone le había comprado Corphone a cambio de una deuda de 80.000.000 de pesos que tenía con Afip, además de una importante cantidad de dólares.

Cuando la investigación puso a Corphone en la mira, en un principio Debarre no figuraba en el radar. Sucede que como directora aparecía Silvina María Valeria Rincón, que luego se descubrió en realidad se ganaba la vida como empleada doméstica en la localidad de General Cabrera.

Otro de los directores, Sergio Gabriel Sosa, fue localizado en una modesta vivienda de Bialet Massé y, en el cotejo de sus datos particulares, se comprobó que tenía el beneficio del boleto social educativo.

Recién luego de escarbar en las profundidades de la firma se llegó a Debarre.

Al resumir toda la causa, Senestrari remarcó que de la actividad de esta presunta organización “se habría derivado en principio, un doble perjuicio, por un lado para el fisco como consecuencia de la evasión de impuestos presuntamente cometida por sus “clientes”, y por otro para algunas “víctimas” de la organización que habían perdido el control de sus claves fiscales, vieron alterados sus registros ante Arca DGI y en muchos casos sujetos a fiscalizaciones y sanciones administrativas con consecuencias económicas y operativas para el contribuyente –incorporación a la base APOC del fisco, suspensión o bloqueo del CUIT-”.

Al finalizar el pedido de elevación a juicio, Senestrari hizo hincapié en la necesidad de que el presunto organizador, Vieyra Ferreyra, quedara detenido, ya que se enfrente a un probable escenario de condena, por lo que sospecha que podría intentar entorpecer el proceso.