El notable ascenso de los policías de la "Banda de Jefatura"

“Gabriel, bueno. Bueno sí, si el chico tiene toda la intención de pago no accionamos. Si no me tengo que ir a Delitos Económicos y bueno, le vamos a allanar, es así. Si él se compromete el viernes, viernes como último término, yo lo espero hasta el viernes. Último término, y si no le voy a accionar como tengo que accionar, y va a ir detenido, te lo digo ya. Así que, decile que sí, decile que sí. No hay ningún problema. Pero hasta el viernes, no hay más prórroga que el viernes”.

El mensaje interceptado y plasmado en un expediente judicial, es atribuido al comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, quien, al momento de ser detenido, en julio último, era el titular de la Policía Caminera.

Según sostiene el fiscal Guillermo González, Ochoa Roldán le envío ese Whatsapp a un civil, Gabriel Élido Burkhard (también acusado), para que presionara a una persona a la que le reclamaban un pago para un cliente de ellos en un estudio jurídico liderado por el hermano del jefe policial.

En la investigación contra la llamada “Banda de Jefatura”, causa que tiene a cinco policías y dos civiles acusados de haber conformado una organización delictiva que se aprovechaba de los recursos policiales, asoman diálogos que ponen de relieve cómo se habrían difuminado los límites entre la actuación oficial y el delito.

El caso detonó un nuevo escándalo dentro de la Policía de Córdoba, ya que los detenidos tenían importantes cargos: el entonces jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, el número dos de la Caminera, Martín Heredia, y el jefe de Asuntos Legales de la Jefatura, Leonardo Javier Torres, además de otros dos policías, Jorge Alberto Gutiérrez y Dante Gabriel Villalba.

El abogado Gastón Ochoa Roldán (hermano de Maximiliano) y Burkhard son los dos civiles que completan el grupo de siete acusados.

Hoy, en los pasillos de Tribunales, a la causa la llaman como “la banda de Jefatura”. No sólo por las jerarquías de los acusados, sino porque habrían utilizado a la propia Central azul como una de sus bases de operaciones.

Según reveló en exclusiva Cadena 3 hace 15 días, al resolver la prisión preventiva en contra de los acusados, el fiscal González apuntó a un uso intensivo de bases de datos más que sensibles de la propia Policía, como el 911 y los Antecedentes Personales, para conformar una supuesta banda que se dedicaba a usurpaciones y otros delitos en torno a los terrenos en la provincia, entre otras acusaciones.

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En el mismo expediente asoma otro dato que ha llamado la atención de quienes conocen los laberintos de la Jefatura de Policía. 

Se trata de cómo los principales apuntados tuvieron un ascenso interno en el último tiempo, sobre todo a partir de la asunción del nuevo jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, en diciembre de 2023.

Durante el período investigado (desde 2023 a 2025), los miembros de la "banda de Jefatura" tuvieron un importante crecimiento interno, según se lee en el expediente.

Maximiliano Ochoa Roldán prestó servicios –sucesivamente- en Departamento Ayudantía de la Dirección General Departamentales Sur (desde el 11/11/2020 hasta el 09/04/2023), la Dirección de Seguridad Zona Sur (desde el 10/04/2023 hasta el 07/02/2024), Dirección de Secretaría Privada de Jefatura (desde el 08/02/2024 hasta el 19/12/2024) y Dirección General de Policía Caminera (desde el 20/12/2024 hasta el 27/06/2025), y alcanzó las siguientes jerarquías: Comisario Inspector (desde el 01/01/2020 al 31/12/2023), Comisario Mayor (desde 01/01/2024 al 12/06/2025) y Comisario General (desde el 13/06/2025 al 27/06/2025).

Cabe destacar que el Ministerio de Seguridad de Córdoba, cartera que tiene que decretar los ascensos, había firmado la máxima jerarquía para Ochoa Roldán, en carácter de “excepcional”, ya que no contaba con la antigüedad requerida, el 13 de junio de este año, sólo 14 días antes de su detención.

Apenas fue capturado, se informó que Ochoa Roldán había sido pasado a retiro obligatorio. La misma modalidad que el Gobierno eligió cuando el subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, fue detenido en septiembre del año pasado.

A diferencia de lo que sucede de manera habitual, cuando los policías imputados quedan en situación pasiva (se les retiene el 70 por ciento del sueldo) hasta que finalice la causa en su contra, en estos casos fueron pasados a retiro de manera inmediata, lo que supone que puedan cobrar sus jubilaciones de manera completa, sin restricciones.

Este dato generó bastante controversia adentro de la Policía, ya que en distintos ámbitos se interpretó como un trato desigual al interior de la fuerza en cuanto a los uniformados que son objeto de alguna imputación judicial. 

Mientras algunos continúan todo el proceso con el 70 por ciento del sueldo retenido (si son hallados culpables no se les devuelve el monto), estos altos jefes nunca tuvieron una restricción económica, ya que pasaron a cobrar sus jubilaciones casi de manera automática.

Tanto en el caso de Ochoa Roldán como en el de Mercado, en los decretos de los pases a retiro se hizo la salvedad de que cuando sus causas terminen la Caja de Jubilación de la Provincia podrá revisar ambas retribuciones.

Ochoa Roldán no fue el único de la llamada “Banda de Jefatura” que tuvo un ascenso notable en el último tiempo dentro de la fuerza.

Leonardo Javier Torres, según se lee en el expediente, prestó servicios –sucesivamente- en la División Inspección Capital (desde el 16/04/2020 hasta el 17/12/2023); Departamento Despacho de Jefatura (desde el 18/12/2023 hasta el 26/12/2024) y Dirección de Asesoría Letrada (desde el 27/12/2024 hasta el 27/06/2025); y alcanzó la siguiente jerarquía: Comisario Inspector (desde el 01/01/2023 al 27/06/2025).

Martín Darío Heredia, en tanto, prestó servicios –sucesivamente- en la Comisaría 46° de barrio Argüello Lourdes –Distrito 11– (desde el 13/09/2021 hasta el 17/12/2023); Dirección Secretaria Privada de Jefatura (desde el 18/12/2023 hasta el 07/02/2024); División Ayudantía –Departamento Despacho de Jefatura- (desde el 08/02/2024 hasta el 06/01/2025); y Departamento Ayudantía (desde el 07/01/2025 hasta el 27/06/2025); y alcanzó las siguientes jerarquías: comisario (desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2024) y comisario inspector (desde el 01/01/2025 hasta el 27/06/2025).

Por su parte, Jorge Alberto Gutiérrez, prestó servicios –sucesivamente- en el CAP 12 –Distrito 12– (desde el 20/09/2022 hasta el 19/05/2024) y División Coordinación Operacional – Dirección de Custodia y Protección (desde el 20/05/2024 hasta el 27/06/2025); y alcanzó las siguientes jerarquías: comisario (desde el 01/01/2021 al 31/12/2024) y comisario inspector (desde el 01/01/2025 hasta el 27/06/2025).

Por último, Dante Gabriel Villalba prestó servicios –sucesivamente- en Dirección General Departamentales Sur (desde el 10/12/2020 hasta el 11/01/2024) y Dirección Secretaría Privada de Jefatura (desde el 12/01/2024 hasta el 27/06/2025); y alcanzó las siguientes jerarquías: sargento ayudante (desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2023) y suboficial principal (desde el 01/01/2024 hasta el 27/06/2025).

O sea, durante el tiempo que, según se sospecha, habrían delinquido, fueron ascendiendo en la Policía, sin que ningún informe interno adviertiera ninguna anomalía.

Hoy, de los siete acusados cuatro permanecen presos. Ya fueron liberados, bajo millonarias fianzas, los policías Villalba y Gutiérrez, además del abogado Gastón Ochoa Roldán.

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