"Banda de la Jefatura": con una millonaria fianza, liberan a uno de los acusados

Uno de los acusados de integrar la llamada "banda de la Jefatura" quedó en libertad en los últimos días luego de que se le impusiera una fianza de 10 millones de pesos.

Se trata del abogado Gastón Ochoa Roldán, hermano de Maximiliano Ochoa Roldán, quien al momento de la detención ocurrida en julio último era jefe de la Policía Caminera de Córdoba.

Junto a ellos, también cayeron presos el número dos de la Caminera, Martín Heredia, y el jefe de Asuntos Legales de la Jefatura, Leonardo Javier Torres, además de otros dos policías, Jorge Alberto Gutiérrez y Dante Gabriel Villalba.

Gastón Ochoa Roldán y Gabriel Élido Burkhard son los dos civiles que completan el grupo de siete acusados.

Según reveló en exclusiva Cadena 3 la semana pasada, al resolver la prisión preventiva en contra de ellos, el fiscal Guillermo González apuntó a un uso intensivo de bases de datos más que sensibles de la propia Policía, como el 911 y los Antecedentes Personales, para conformar una supuesta banda que se dedicaba a usurpaciones y otros delitos en torno a los terrenos en la provincia, entre otras acusaciones. 

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Una descripción que dejó a estos jefes policiales al borde de la inteligencia ilegal, siempre según se lee en la resolución de la prisión preventiva.

El caso generó otro sismo al interior del aparato de Seguridad en Córdoba. Hoy, en los pasillos de Tribunales, a la causa la llaman como “la banda de Jefatura”. No sólo por las jerarquías de los acusados, sino porque habrían utilizado a la propia Central azul como una de sus bases de operaciones.

Según sospecha el fiscal González, dentro de la presunta estructura criminal, “Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, sería quien ejercía la función de jefe y por quien pasaba la mayor parte de la información ya que –en función del lugar que ocupaba en la Policía de la Provincia de Córdoba- tenía la capacidad de obtener información de distintos procedimientos policiales, como resultados de allanamientos, de archivos policiales resguardados, tal el caso de la división antecedentes personales, cómputos de la División Sustracción de Automotores o el 911, como así también la posibilidad de utilizar móviles policiales para fines particulares”.

La descripción de la fiscalía continúa con los otros supuestos roles: “Luego, aparecería la figura de Gabriel Élido Burkhard, quien se ocupaba de las tareas organizativas y ser el brazo externo de la organización, ya que estaba en la calle realizando averiguaciones de personas, negociaciones extrajudiciales, y demás tareas encomendadas, en particular, por el jefe Ochoa”.

“En un segundo nivel de la organización y como miembros de ésta se encuentran Leonardo Javier Torres, Martín Darío Heredia y Gastón Miguel Ochoa Roldán, quienes tenían sus estudios jurídicos particulares y respondían directamente a Maximiliano Ochoa Roldán, quien era el que en definitiva distribuía las labores que cada uno desarrollaría”, se lee párrafos más adelante.

Y concluye: “Finalmente, Jorge Gutiérrez y Dante Gabriel Villalba, en el carácter de miembros de la organización, eran quienes se habrían ocupado de presentarse en determinados lugares a fin de ejercer una demostración de poder frente a personas a quienes se querría amedrentar para obtener el pago de sumas de dinero adeudados o la transferencia de un vehículo como parte de pago de honorarios profesionales”.

Este nuevo escándalo al interior de la Policía de Córdoba estalló de manera pública el pasado 27 de junio, cuando se produjeron las siete detenciones. 

Dos meses después, el 26 de agosto, el fiscal González resolvió las prisiones preventivas. Dispuso que Maximiliano Ochoa Roldán, Burkhard, Heredia y Torres quedaran detenidos, sin ningún plazo.

Sin embargo, si bien también ordenó que Gastón Ochoa Roldán y Jorge Gutiérrez siguieran presos, promovió que para ambos esta medida rigiera por sólo 60 días más. 

"Este plazo resulta razonable para terminar de recabar la prueba necesaria a los fines del esclarecimiento de los hechos que se le atribuyen", apuntó en aquella oportunidad el fiscal y aclaró: "Bajo este parámetro, se advierte un equilibrio entre lo excepcional e indispensable de la medida coercitiva para asegurar los fines del proceso y el respeto de las garantías constitucionales en favor de los encartados.

Y, en aquel mismo acto, ordenó la libertad del acusado Villalba, bajo una fianza de 20 millones de pesos.

Cabe recordar que, en estos casos, la fianza no se paga de manera automática, sino que los acusados pueden presentar bienes a su nombre, como una casa o un auto, hasta alcanzar el monto solicitado. Si violan las condiciones de la libertad condicional, la Justicia queda habilitada para quedarse con esos bienes.