Denuncian a fiscal por irregularidades en el caso de Franco Casco

Buenos Aires, 24 junio (NA) -- El comisario retirado Diego José Álvarez ha interpuesto una denuncia formal ante el procurador general de la Nación contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani. En su acusación, los responsabiliza de "mal desempeño" en el manejo de la causa relacionada con la muerte de Franco Casco, un caso que ha generado gran controversia desde su ocurrencia en octubre de 2014 en Rosario.

El escrito, que cuenta con la representación legal de los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario y la evaluación de posibles delitos cometidos por los fiscales mencionados.

La causa, identificada como Legajo FRO 22074/2014/TO2, investiga la desaparición forzada y la muerte de Casco, quien fue detenido el 7 de octubre de 2014 por la policía por resistencia a la autoridad y liberado esa misma noche, pero días después su cuerpo fue encontrado en el río Paraná.

En julio de 2023, luego de un juicio oral de más de un año y medio, el Tribunal Oral Federal número 2 absolvió a 19 policías y a un vecino implicados, aunque esta decisión fue posteriormente anulada por la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso presentado por la fiscalía y las querellas.

Álvarez, uno de los absueltos, argumenta que la actuación del Ministerio Público Fiscal estuvo "viciada" por el ocultamiento de pruebas favorables a los policías y por la inclusión de afirmaciones que, según su denuncia, contradicen lo demostrado en el juicio.

Las autopsias y la evidencia médica

Uno de los aspectos más destacados de la denuncia se centra en la evidencia médica. Se realizaron cuatro autopsias al cuerpo de Casco, todas coincidiendo en que no había lesiones traumáticas, con un diagnóstico de asfixia mecánica por sumersión.

El médico forense Raúl Rodríguez descartó la existencia de torturas, afirmando "no tengo los elementos objetivos", mientras que la histopatóloga Adriana D'Addario detectó signos de asfixia por sumersión en el tejido pulmonar.

Álvarez sostiene que el fiscal Arrigo basó su recurso casi exclusivamente en la pericia de la perito de parte Virginia Creimer, ignorando las conclusiones del resto del equipo forense.

La defensa también menciona que Creimer admitió en su testimonio que solo "hablaba de generalidades" respecto a supuestos signos de tortura, sin haber verificado personalmente dichas lesiones.

El abogado Mazzuchini, defensor de Álvarez, fue contundente al declarar que "Franco Casco murió ahogado en la costa, en la ribera de Rosario, murió en el río Paraná".

El letrado indicó que las juntas médicas descartaron la muerte violenta y aunque no se llegó a una conclusión definitiva debido a la imposibilidad de realizar un estudio de diatomeas, "se acerca muchísimo a una muerte por ahogamiento".

Mazzuchini considera que "no hay ninguna prueba objetiva que hable de una muerte violenta".

Otro punto crucial en la denuncia es el tratamiento de las pruebas testimoniales. Álvarez afirma que de 33 testimonios presentados en el juicio, 17 fueron desincriminantes para el personal policial, pero la acusación se fundamentó principalmente en los dichos de Pablo Arguello, "invisibilizando" al resto de los testigos que negaron los hechos imputados.

Contradicciones en el testimonio de Arguello

La denuncia también señala contradicciones en el testimonio de Arguello, quien, según los registros, no pudo haber visto lo que declaró. Además, al ser interrogado sobre posibles beneficios por su testimonio, Arguello afirmó: "No me prometieron, me cumplieron".

Álvarez destaca cambios en la teoría del caso por parte de la fiscalía, que inicialmente aseguró que Casco fue detenido a las 21:32 horas del 6 de octubre, pero luego amplió la franja horaria y finalmente introdujo una tercera hipótesis basada en una comunicación radial.

Mazzuchini criticó la actuación del fiscal, afirmando que es la primera vez que ve a un fiscal tan comprometido en una causa, "pero tan embanderado al límite de deslizar mentiras como hizo en un escrito jurídico".

La denuncia también menciona el uso selectivo del Libro Memorándum de Guardia por parte del fiscal, utilizándolo como prueba cuando le convenía y desestimándolo cuando no.

Pruebas ocultas y estado del proceso

Álvarez alega que varios videos que mostrarían a Casco caminando por la calle horas después de su liberación fueron "ocultos" en la Fiscalía hasta que el Tribunal Oral los hizo públicos en diciembre de 2021. También se reporta la desaparición temporal de pruebas documentales durante la instrucción.

El abogado Mazzuchini afirmó que, tras la anulación de las absoluciones por parte de Casación, ningún tribunal de primera instancia ha avanzado con una nueva resolución.

Álvarez concluyó que Arrigo indujo a la Cámara de Casación a dictar una resolución contraria a las pruebas presentadas en juicio, afirmando: "Lo hizo a sabiendas, no por desconocimiento o error".

La denuncia también hace referencia a la declaración del entonces fiscal de Flagrancia de la provincia, Álvaro Campos, quien confirmó la legalidad del procedimiento policial y la liberación de Casco, información que Arrigo ignoró en su recurso.

Álvarez también rechaza la caracterización de los internos que testificaron contra la policía, defendiendo la integridad de los agentes de la Comisaría 7ª, que no tenían antecedentes de violencia. La denuncia solicita la apertura de un sumario administrativo y la posible intervención de la justicia penal por falsedad de instrumentos públicos.

La denuncia aún no ha recibido respuesta oficial de la Procuración General de la Nación y se suma a otras dos denuncias previas por falso testimonio y calumnias.