Cuánto vale una vida, el debate que genera controversia en Tribunales

¿Cuánto vale una vida? ¿Cómo se puede dimensionar el daño económico que produce una muerte evitable? ¿Hay reparación posible ante un dolor tan inmenso? De manera periódica, en los Tribunales de todo el país estas preguntas, siempre incómodas, intentan encontrar, aunque sea, algo parecido a una respuesta.

El debate otra vez se hizo presente ante la inminencia de un juicio por una muerte laboral ocurrida hace casi seis años en Córdoba. Un hombre y su hijo, empresarios, ofrecieron 10 millones de pesos para los padres de un joven de 31 años que murió dentro de una máquina de una metalúrgica. Propuesta que fue rechazada.

La historia se remonta al jueves 30 de junio de 2022, hace ya casi cuatro años, cuando Mauricio Waldemar López (31) ingresó a limpiar las virutas de metal de una máquina fresadora en la metalúrgica Cord-Mold, ubicada en barrio Empalme, de la ciudad de Córdoba. Nunca más salió vivo: fue aprisionado de manera mortal.

La investigación que en su momento llevó adelante el fiscal Tomás Casas incluyó múltiples peritajes, la toma de los testimonios de los empleados y otras pruebas recolectadas, tras lo cual determinó que los dueños de la empresa, el matrimonio compuesto por Juan Carlos Pastore y Patricia Coseani, además de uno de sus hijos, Ariel Pastore, debían afrontar un juicio oral y público por el presunto delito de homicidio culposo agravado.

Tras una apelación, quedó firme el juicio en contra de por Juan Carlos Pastore y Ariel Pastore, padre y hermano, respectivamente, del futbolista Javier Pastore, con quien Mauricio también tenía relación.

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En la causa se subrayaron distintas supuestas anomalidades que hicieron que virara la perspectiva inicial de un "accidente laboral". Según entendió el fiscal, López murió porque la fresadora estaba activa cuando ingresó a limpiar. Para que esto fuera posible, el sistema de seguridad de la máquina había sido desactivado de manera manual.

En la causa se indicó que varias máquinas habrían tenido los dispositivos de seguridad alterados con el objetivo de que no frenaran la producción mientras se realizaban tareas de limpieza dentro de estos dispositivos. Al menos, desde hacía cuatro años, según contaron otros empleados.

Ahora, para evitar ir a juicio, a través del abogado Juan Manuel Rivero, los acusados ofrecieron, el 12 de marzo último, 10 millones de pesos para los padres de López. De esta manera, solicitaron la “probation”, además de proponer realizar tareas sociales en un club amateur de la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Y, en un acto posterior, ratificaron que los dos Pastore estaban dispuestos a ceder sus cargos en la firma familiar, ya que otro aspecto de la pena apuntaba a inhabilitarlos para ejercer esos puestos.

En ese sentido, el fiscal xx Dalma respondió que López era padre de un niño, en cuyo caso la propuesta de reparación no lo había incluido. Y pidió que fueran más específicos en cuanto a las inhabilitaciones.

En tanto, el abogado que representa a los padres de López, Pedro Despouy Santoro, argumentó que la oferta era “irrazonable”, por lo que dejó expreso el rechazo a la propuesta de suspensión de juicio a prueba.

En una nueva y definitiva audiencia, en la que las partes reconocieron que no habían logrado ponerse de acuerdo, la jueza Mónica Traballini comenzó aclarando: “Debe considerarse, ante todo, que la suspensión del proceso a prueba se trata de un medio alternativo y adecuado de resolución de un conflicto social representado por el hecho delictivo. Constituye una forma distinta -prevista en la ley- que evita la imposición de una pena privativa de la libertad y posibilita a la vez que la víctima pueda obtener una reparación, quedando la persona imputada sujeta a condiciones que tienden a su integración social sin condena. De ese modo se procura alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas que cometen delitos, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública”.

Y de inmediato, remarcó que rechazaba la propuesta de la familia Pastore. En ese sentido, la jueza indicó que, pese a que el fiscal ya les había advertido que no contemplaban ningún resarcimiento al hijo de López, la propuesta no se movió de los 10 millones ofrecidos, que se debían dividir en parte iguales entre los padres, o sea, cinco millones para cada uno.

“Resulta claramente insuficiente para compensar el daño patrimonial y no patrimonial supuestamente causado por la muerte de un hijo. Solo computando este último, a la luz del criterio seguido por el actual Código Civil y Comercial de la Nación, la suma alcanzaría, por ejemplo, para adquirir cada uno una motocicleta 0 km de baja cilindrada, o entre ambos un vehículo usado de gama media/baja con más de 100.000 km”, apuntó la jueza Traballini.

Y agregó: “Se trata de valores que no pueden considerarse compensaciones sustitutivas de semejante pérdida afectiva. Y ello, insisto, dejando fuera el daño patrimonial”.

Al respecto, la magistrada consideró que cuando el solicitante ofrece montos que, bajo un simple análisis, asoman como desproporcionados al daño ocasionado, éstos deben acreditar una estrechez económica que les impida una oferta mejor, algo que en el caso de los Pastore no quedó en claro.

“Los imputados se comprometieron a acreditar la situación patrimonial de sus representados, lo que sólo hicieron parcialmente, pues acompañaron únicamente sendos recibos de sueldo, en los montos que habían anticipado en la audiencia. Digo parcialmente, pues es claro que tales constancias de ninguna manera agotan la determinación de la capacidad patrimonial, que pudo probarse a través de otras constancias, por ejemplo, bienes registrables, situación fiscal, etcétera. Esta omisión resulta relevante, pues la carga de probar las dificultades para una mejor oferta pesaba sobre ellos (…) En suma, conforme a los fundamentos expuestos, entiendo que la propuesta resarcitoria carece de los recaudos legales y por ello debe ser rechazada”, cerró la jueza.