Casación Penal avaló las penas sin beneficios para narcotraficantes

La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, convalidó en su fallo plenario Nº16 la constitucionalidad de la ley 27.375, que prohíbe a personas condenadas por narcotráfico acceder a la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios. 

La decisión, tomada por siete de los diez jueces en un acuerdo plenario, establece como doctrina obligatoria que este régimen diferenciado no vulnera los principios de progresividad de la pena, igualdad ante la ley ni razonabilidad, reforzando la línea conocida como “doctrina del encierro”, impulsada por el ministro del Interior, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos sostuvieron que los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660, aplicados a delitos de la ley de drogas 23.737, son compatibles con la finalidad de reinserción social establecida en la Constitución y tratados internacionales. 

Argumentaron que la norma incluye un “régimen preparatorio para la liberación” en el último año de condena, con etapas progresivas que no afectan derechos fundamentales.

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El fallo se originó en un recurso del Ministerio Público Fiscal contra una resolución de la Sala de Feria de Casación, que había declarado inconstitucional el artículo 56 bis tras un planteo de la defensa de un condenado por narcotráfico. 

La audiencia pública, celebrada el 11 de marzo con transmisión en vivo, contó con exposiciones del Ministerio Público, la Defensoría General, el CELS y la Asociación Pensamiento Penal, aunque no fueron admitidos como “amigos del tribunal” en el proceso formal.

En disidencia, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani cuestionaron la admisibilidad del recurso y consideraron que el tema excedía las competencias del tribunal. 

Sectores críticos advierten que la decisión consolida una política de endurecimiento punitivo sin evidencia clara de su efectividad contra el narcotráfico, priorizando el encierro prolongado sobre la reinserción social, un debate que promete seguir vigente.