Amenazas en escuelas: el fiscal Raúl Garzón respaldó el cobro de los operativos

El fiscal Raúl Garzón respaldó la decisión del Gobierno de Córdoba de cobrar los operativos de seguridad a los responsables de amenazas en escuelas y afirmó que se trata de una medida que “manda la ley”, en referencia a la responsabilidad civil de los padres por los hechos cometidos por sus hijos menores.

En declaraciones a Cadena 3, Garzón explicó que la iniciativa se encuadra en el concepto de “responsabilidad objetiva”. “Los padres son responsables por el daño causado por los hijos menores. Esto ha sido siempre así”, sostuvo, y agregó que estos casos adquieren “particular gravedad” porque implican delitos y generan un importante despliegue de recursos estatales.

El fiscal señaló que las amenazas, que pueden encuadrarse como intimidación pública, obligan a las fuerzas de seguridad a intervenir con operativos que demandan recursos. “Esto no puede dejar de ser ajeno a la responsabilidad de los padres”, afirmó.

Consultado sobre por qué se requiere anunciar la medida si ya está contemplada en la ley civil, Garzón indicó que tomó conocimiento a través de los medios y expresó su acuerdo. “Cuando estas cosas trascienden en la sociedad, la sociedad tiene que saber cuáles son las consecuencias, porque lo peor que puede suceder es que los chicos y los padres sepan que no pasa nada”, advirtió. En ese sentido, consideró que el dicho “no pasa nada” favorece la continuidad de estos hechos.

El fiscal planteó que el problema debe abordarse desde tres frentes: la justicia, la seguridad y el sistema educativo. “No puede ser que el alumno tenga normas de inconducta en el colegio y no haya respuestas”, señaló, y diferenció estos casos del accionar habitual de la Policía. “Cuando alguien hace un llamado falso al 911, va a ver si no le reclaman luego el despliegue de recursos”, ejemplificó.

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Garzón también relató un antecedente en Córdoba, al que definió como el primer caso de amenaza de bomba en un colegio que le tocó intervenir. Según detalló, ocurrió hace aproximadamente dos meses y medio, cuando ordenó la detención de un joven de 18 años el mismo día del hecho. “Se dispuso la detención porque estas cosas pueden suceder”, explicó, y agregó que el joven fue posteriormente internado por problemas de salud psicológica. El fiscal lamentó que el caso no haya trascendido públicamente. “Si eso hubiese ocurrido, el mensaje habría sido que quien comete estos hechos va preso”, sostuvo.

En relación con la diferencia entre estos hechos y otros delitos, como robos que también generan operativos, Garzón explicó que se trata de situaciones distintas. “Aquí hay una movilización de recursos provocada adrede por menores”, afirmó. En ese sentido, comparó las amenazas con llamadas falsas a emergencias: “La seguridad no está para la broma”.

El fiscal indicó que, según su experiencia, “el 80%” de las amenazas pueden ser “picardías”, pero advirtió que existe un “20%” que podría ser real, por lo que cada caso debe ser tratado con seriedad. “Uno no puede actuar pensando que es una broma”, señaló.

Respecto del rol de las familias, Garzón consideró que estos episodios reflejan una falta de control y contención. “Los padres perdieron, en muchos casos, el control de la actividad que tienen los chicos”, afirmó, en alusión al uso de redes sociales y dispositivos. “Si usted trajo al mundo una vida, esa vida no es para que ande solita”, agregó, y remarcó que los adultos deben supervisar las conductas de sus hijos.

Subrayó la necesidad de que haya consecuencias tanto en el ámbito judicial como en el educativo. "No puede ser que se altere la paz de la escuela y no pase nada", indicó, y concluyó que el objetivo de estas medidas debe ser “proteger a los niños y adolescentes” mediante un “mensaje claro y categórico” sobre las responsabilidades y consecuencias de estos hechos.

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Entrevista de Federico Albarenque, Guillermo Hemmerling y Agustina Vivanco.