Santa Fe creará una defensoría especializada para policías acusados de violencia

El Gobierno de Santa Fe prepara un proyecto de ley para ampliar las facultades de la Defensa Pública y permitir la creación de unidades de defensa de alcance provincial para casos que requieran una intervención especializada.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que una de las situaciones contempladas específicamente será la defensa de integrantes de las fuerzas de seguridad acusados de hechos de violencia institucional. La propuesta también podría alcanzar otros casos en los que exista un conflicto de intereses.

“Yo creo que la mínima prudencia exige que, al menos, al policía le demos los mismos recursos y medios para defenderse que le damos a cualquier otro ciudadano”, sostuvo Cococcioni.

El funcionario explicó que el objetivo es que estos defensores no dependan de ninguna de las cinco defensorías regionales de la provincia. Según detalló, se busca generar una estructura con alcance provincial que pueda intervenir cuando una causa requiera una mirada diferente o exista un posible conflicto de intereses.

“Tranquilamente se puede aplicar la misma regla en la defensa pública y que, de alguna manera, no dependan de ninguno de los cinco regionales, que son quienes conducen las defensas concretas”, explicó.

El antecedente de Gabriel Ganón

Cococcioni cuestionó además decisiones adoptadas durante la primera gestión de la Defensa Pública provincial, cuando Gabriel Ganón estaba al frente del organismo.

Según recordó, durante ese período se dictaron dos resoluciones que impedían a los defensores públicos intervenir en casos de violencia institucional en los que estuvieran involucrados policías o integrantes de fuerzas de seguridad.

“Durante la primera gestión se hayan dado esas señales. Porque, a ver, no fue un discurso solamente, hubo dos resoluciones, hubo una instrucción a todos los defensores de que no defiendan casos de violencia institucional”, afirmó.

De todos modos, el ministro aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a los actuales defensores públicos. “Yo no creo que, en términos generales, haya una defensa pública contaminada ideológicamente, al menos no en sus actuales autoridades y conformación”, señaló.

Cococcioni consideró que el problema se presenta cuando una misma estructura puede intervenir en la defensa de personas que ocupan posiciones contrapuestas dentro de un mismo conflicto.

“Creo que la institución se ve en un conflicto de intereses. Si el mismo equipo defensivo defiende, vamos a decir, al ladrón y al policía, en un mismo conflicto, y toma las dos partes”, sostuvo.

Ocho cargos y alcance provincial

El Gobierno provincial trabaja en un proyecto de ley que será enviado próximamente y que contempla, según adelantó el ministro, la creación de alrededor de ocho cargos.

“Estamos cerrando en ocho cargos, pero que tranquilamente pueden ser tomados después y cubiertos con los propios defensores, o con otros que se concursen”, explicó.

Cococcioni señaló que la iniciativa no busca crear una estructura destinada exclusivamente a policías, sino otorgar a la Defensa Pública Provincial herramientas para establecer unidades especializadas cuando resulte necesario.

“Uno de los casos en que se impone una defensa especializada es cuando hubiera funcionarios de fuerzas de seguridad contra quienes se alegara hecho de violencia institucional”, explicó.

En ese sentido, aclaró que la propuesta está orientada principalmente a este tipo de situaciones y no contempla necesariamente delitos de corrupción u otros delitos comunes cometidos por funcionarios policiales.

“La ley lo que le da es una serie de casos o orientaciones en los cuales puede usar sus propios defensores para crear unidades de alcance provincial”, detalló.

El mensaje a los policías

Consultado sobre el mensaje que el Gobierno busca transmitir a los integrantes de las fuerzas de seguridad, Cococcioni aseguró que tendrán acceso a una defensa pública de la misma calidad que cualquier otro ciudadano.

“Les vamos a dar la misma defensa de la misma calidad que la provincia de Santa Fe garantiza a cualquier otro ciudadano, sin ningún menoscabo por el solo hecho de ser un uniformado”, afirmó.

El ministro también señaló que, en algunos casos recientes, policías acusados de hechos de violencia institucional debieron recurrir a abogados particulares y que el Gobierno provincial tomó la decisión de colaborar con los gastos de esas defensas.

La iniciativa apunta ahora a establecer una respuesta institucional mediante unidades que puedan intervenir en causas de alcance provincial o en aquellas donde se detecten posibles conflictos de intereses.