Cococcioni sobre el caso Luna Zárate: "Hay que investigar y esclarecer que pasó"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al caso de Luna Zárate, la adolescente de 13 años que era buscada por su familia y cuyo cuerpo permaneció durante más de un mes sin identificar en el Instituto Médico Legal. El funcionario pidió prudencia, sostuvo que aún deben esclarecerse los hechos y remarcó que la prioridad es que la investigación avance con base en evidencia.

Cococcioni explicó que, según la información preliminar disponible, habría existido una denuncia por pedido de paradero que se formuló aproximadamente una semana después de que la menor se ausentara de su hogar. Indicó además que el fallecimiento se habría producido pocos días después, en el marco de un presunto accidente de tránsito, aunque subrayó que esos datos forman parte de lo que debe ser confirmado por la investigación judicial.

Uno de los puntos centrales es la falta de identificación temprana del cuerpo. El ministro señaló que “no había una identificación de los restos” y que esta se logró recién en las últimas horas a partir de datos indirectos y algunos signos corporales, junto con el reconocimiento realizado por la familia. Todo ese proceso, aclaró, deberá ser analizado en detalle.

/Inicio Código Embebido/

Consultado sobre posibles fallas de coordinación entre organismos como la Policía, la Fiscalía y el Instituto Médico Legal, Cococcioni evitó sacar conclusiones anticipadas. Sostuvo que primero es necesario “investigar y esclarecer qué pasó” antes de hablar de responsabilidades o errores en la comunicación institucional.

En esa línea, planteó que en algunos casos la identificación de personas fallecidas puede resultar compleja y que podría existir una explicación técnica o procedimental que justifique por qué no se logró vincular de inmediato el cuerpo con la adolescente que era buscada. Sin embargo, insistió en que eso debe surgir de diligencias formales.

“Lo peor que podemos hacer es salir a revolear conjeturas”, expresó el ministro, al justificar su postura cautelosa. También pidió que se respete el dolor de la familia y que la respuesta oficial se base en información “objetiva y fidedigna” que surja de la Fiscalía, que es el órgano a cargo de la investigación.

Sobre la intervención policial, indicó que la búsqueda de paraderos es seguida por la fuerza en coordinación con los registros provinciales y la Fiscalía, y que “aparentemente hubo una intervención policial”, aunque aclaró que los detalles concretos deberán ser informados por las autoridades judiciales una vez que se consoliden los datos.

Cococcioni remarcó que el eje ahora es reconstruir con precisión los tiempos: desde el momento en que se habría producido el accidente y el deceso, hasta la radicación de la denuncia, el ingreso del cuerpo como NN al Instituto Médico Legal y el posterior proceso de identificación. Ese recorrido, dijo, será clave para entender qué ocurrió.

Finalmente, reiteró que desde el Ministerio acompañarán el proceso institucional correspondiente, pero sin adelantar hipótesis. La definición sobre eventuales responsabilidades, demoras o fallas en los mecanismos de búsqueda e identificación quedará, según afirmó, sujeta a lo que determine la investigación judicial en curso.

Caso Jeremías Monzón

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, también se metió de lleno en el debate por la baja de la edad de imputabilidad a partir del caso de Jeremías Monzón y sostuvo que es necesario rediscutir a nivel nacional el régimen penal juvenil. Aclaró que no se trata de una postura coyuntural, sino de una posición que —según dijo— el gobernador y su equipo vienen planteando desde hace años.

Como primer punto, remarcó que Argentina tiene hoy un piso de punibilidad en los 16 años, algo que calificó como una singularidad frente al derecho comparado, donde la referencia suele ubicarse entre los 12 y 14 años. En ese marco, consideró que los proyectos en discusión deberían ampliar la posibilidad de responsabilizar penalmente a menores.

Sin embargo, fue más allá de fijar solo una edad. Cococcioni planteó que, en hechos de extrema gravedad, podría habilitarse la imputabilidad incluso por debajo del piso que eventualmente establezca la ley, siempre que peritos determinen en el caso concreto que el menor comprendía la criminalidad del acto y podía dirigir sus acciones.

“El tema no es solo la edad, es la comprensión”, resumió al explicar que no todas las personas maduran al mismo tiempo y que influyen factores educativos, sociales y culturales. Por eso, propuso que el criterio no sea exclusivamente etario, sino también basado en evaluaciones técnicas que determinen el grado de madurez del menor involucrado.

Además, abrió otra discusión vinculada a qué hacer con los menores que no resulten punibles. Señaló que hoy no existen en el país estructuras de institucionalización juvenil como las que funcionaban décadas atrás y que fueron dejadas de lado por considerarse problemáticas. Frente a eso, propuso analizar medidas de seguridad o de corrección como alternativa a la pena.

En esa línea, mencionó la posibilidad de aplicar medidas previstas para personas no punibles en el Código Penal y, en casos determinados, alojar a menores en secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios. Según indicó, esa alternativa también forma parte de los proyectos que se debaten a nivel nacional y a los que la provincia adhiere en parte.

Informe de Juan Cruz Albergoli.