Buscan limitar facultad para subir edad jubilatoria: "No puede ser por decreto"

Un intenso debate se ha instalado en la Cámara de Diputados de la provincia en torno al futuro del sistema previsional. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro ya dio marcha atrás con el polémico aporte solidario de los jubilados a la caja provincial, la oposición peronista apunta ahora al corazón de la reforma sancionada en 2024: la delegación de facultades que permitiría al Ejecutivo aumentar la edad jubilatoria mediante un simple decreto.

La diputada provincial Celia Arena (Hacemos Santa Fe) explicó este viernes en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario los alcances del proyecto de "ordenamiento previsional" presentado por todo el interbloque opositor del peronismo provincial, que busca corregir tres puntos clave de la ley aprobada el año pasado por el oficialismo a partir de la cómoda mayoría de la que dispone en el recinto.

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Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 49 de la ley previsional, que habilita al Poder Ejecutivo provincial a elevar la edad jubilatoria por decreto en caso de que el gobierno nacional adopte esa decisión, bajo el argumento de la “armonización” de los sistemas.

Límites

Arena fue enfática en diferenciar el fondo de la forma. “No estamos diciendo que no haya que discutir la edad jubilatoria. Es un debate que se da en todo el mundo por el aumento de la expectativa de vida y la sustentabilidad de los sistemas de reparto”, señaló. Sin embargo, sostuvo que una decisión de ese calibre “debe discutirse en la Legislatura y no resolverse por decreto”.

La diputada recordó además que la provincia tiene autonomía previsional, recientemente reafirmada en la Constitución provincial, que establece la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones. En ese marco, consideró que delegar esa atribución al Ejecutivo constituye “una delegación excesiva y antidemocrática”.

El proyecto del peronismo también propone la derogación inmediata del denominado “aporte solidario extraordinario” que la reforma impuso a jubilados y jubiladas provinciales. Aunque el gobernador anunció semanas atrás que no se prorrogará y que finalizará en septiembre, el interbloque solicita eliminarlo de forma inmediata.

“Los haberes previsionales son derechos adquiridos. No es una cuestión ideológica, sino de seguridad jurídica”, afirmó Arena, al advertir sobre la posibilidad de litigios judiciales similares a los que en el ámbito nacional derivaron en fallos emblemáticos contra la Anses.

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En paralelo, la discusión incluye la modalidad de actualización de los haberes. Originalmente, la reforma establecía que los aumentos para pasivos se trasladaran 60 días después de que los percibieran los trabajadores activos. Esta semana la Cámara aprobó una modificación enviada por el Ejecutivo para reducir ese plazo a 30 días. El peronismo acompañó la medida, aunque con reparos.

“No votamos con alegría”, aclaró Arena, y sostuvo que la actualización debería aplicarse en el mismo momento que a los activos, como ocurrió históricamente en la provincia.

Uno de los argumentos centrales del oficialismo para impulsar la reforma fue la necesidad de reducir el déficit de la Caja. Sin embargo, desde el justicialismo relativizan el impacto fiscal de las modificaciones que proponen.

Según datos expuestos en el recinto, retrotraer el diferimiento de 60 días representaría el 0,8% del presupuesto provincial, mientras que eliminar el aporte solidario desde el próximo mes —y no en septiembre— implicaría un costo cercano al 0,25%. En total, el interbloque calcula que se trata de alrededor del 0,33% del presupuesto.

“Claramente no estamos hablando de un desequilibrio fiscal significativo, sino de prioridades”, sostuvo la legisladora. Además, advirtió que eventuales juicios podrían generar costos mayores a futuro para la provincia.

Entrevista de Alberto Lotuf y Agustín Dadamio.