Tildan de "torpes" y "desprolijas" las medidas en Vicentin

Para el abogado constitucionalista Roberto Gargarella, la manera en que el Gobierno nacional dispuso la intervención de la empresa Vicentin fue “desprolija” y "torpe".

“Había muchas pautas que seguir y que estaban a la mano y no había por qué saltearlas, porque sabemos  -por la experiencia anterior- que cada una de estas torpezas cuesta miles de millones”, planteó en diálogo con Cadena 3.

“Primero si expropias tiene que ser por ley, si vas a hacer algo por DNU también está determinado qué hacer y que no en determinadas circunstancias -solamente en casos excepcionales que le impidan al Congreso decidir y no estábamos en ese caso- y  y tercero intervienen una empresa cuando hay ya una intervención judicial”, detalló.

Consideró, además, que al hacerlo de manera “desprolija y a las apuradas” complica aún más los fines nobles bajo los cuales se argumentó que se dispuso la intervención.

“Lo que uno pide es cuidar las pautas con las que se hace esto, porque está muy detallado lo que pasa y puede costar luego en muchas áreas, donde es evidente que se va a dar un problema”, analizó.

Para el letrado “hay una desprolijidad grande y todo se llena bajo el discurso de soberanía alimentaria”, pero la manera en que se hizo “complica la vida, aún para el éxito de la medida”.

Hay una desprolijidad grande y todo se llena bajo el discurso de soberanía alimentaria

“En vez de construir consensos, lo hacen a las corridas, sin tender un puente. Los trabajadores no quieren, el pueblo sale en contra, y lo que se sugiere es que es posible que no haya razones transparentes para que sean públicos los motivos y por eso lo hacen de este modo”, manifestó.

“O no les interesaban las medidas, o no tenían razones transparentes que ofrecer”, reflexionó y consideró que cualesquiera de estos dos escenarios son malos y “están en contraste con lo que (las autoridades) habían demostrado que podían construir anteriormente”.

“Si las razones son ciertas y está en juego un problema de soberanía alimentaria, uno mismo dice ‘excelente’, pero eso tiene que ser respaldado en situaciones que todos tienen que aceptar”, cuestionó.Finalmente advirtió que “todo lo que hagan ahora es impugnable judicialmente” y sólo puede salvarse con una ley que autorice la expropiación, aunque “no es bueno que una ley sea construida a los empujones”.

“Si había buenas razones, que lo expliquen, las hagan públicas y transcurran por los canales posibles, porque lo que llama la atención es que no se transita por el camino democrático, ni por el legal, sino que se compran dos problemas extraordinarios para sus propios fines”, concluyó.

Entrevista de Fernando Genesir.