"Wachitas Bar": la oposición denuncia blindaje oficialista en el Concejo

La tensión política y judicial en la ciudad de Córdoba sumó un capítulo frenético en el Concejo Deliberante. En el ojo de la tormenta se encuentra el icónico bar Wachitas, un establecimiento bajo la lupa pública debido a los presuntos vínculos de sus propietarios con personas imputadas en la causa por el femicidio de Agostina Vega.

Ante este escenario, los bloques de la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico unieron fuerzas para exigir respuestas institucionales urgentes, topándose con el rechazo rotundo de la mayoría oficialista para tratar el tema sobre tablas.

En diálogo con Cadena 3, el concejal radical Sergio Piguillem expresó su profunda frustración tras la última sesión parlamentaria y defendió el rol de control de la oposición contemplado en el artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal.

"Salí con mucha bronca, pero con mucha preocupación al mismo tiempo", confesó el edil, quien calificó la actitud del peronismo como un intento de evadir explicaciones elementales que demanda la ciudadanía.

Las sombras sobre la habilitación

El nudo de la polémica radica en las severas inconsistencias administrativas que rodean al comercio. Según reveló Piguillem, el entrecruzamiento de datos oficiales arroja sospechas que la Justicia ordinaria deberá dirimir, pero que el municipio tiene la obligación de aclarar de manera inmediata.

"El 2 de junio de este año fue habilitado el bar para expendio de bebidas, y el mismo 2 de junio, dos horas y media después, lo clausuraron por cuestiones de seguridad", disparó el concejal.

La gravedad del hecho se incrementa al constatar que, pese a la clausura, el bar continuó figurando en los canales oficiales de promoción del Estado municipal. "Siguió estando en la página web de la municipalidad, promocionándolo al bar Wachitas para el turismo, y lo promocionaban como lugar en donde se escuchaban bandas de rock, cuando nunca estuvo habilitado para bandas de rock o para música en vivo", detalló con firmeza, exigiendo que el presidente del Ente de Control y Fiscalización comparezca ante el cuerpo legislativo.

Cruce de acusaciones y "chicana política"

La respuesta del oficialismo no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los concejales peronistas Martín Simonian y Nicolás Piloni acusaron a la oposición de "carancheo" y de realizar una "guachada", argumentando que el local funcionaba desde el año 2016. Piguillem desmintió categóricamente haber sido funcionario en ese período y rechazó el revisionismo histórico.

"Ellos gobiernan hace siete años la ciudad, no es que empezaron a gobernar hace dos meses", retrucó el abogado radical. Para el edil, desviar el eje de la discusión hacia el pasado constituye una maniobra distractiva frente a una investigación penal por un crimen aberrante.

 "Que no hagan chicana política, cuando nosotros no estamos chicaneando. Si hay dudas de la habilitación, si hay dudas de la propiedad, si hay dudas de si hay testaferros, prestanombres, ¿por qué no aclararlo?", cuestionó.

Entrevista de Radioinforme 3.