Caso Agostina: del crimen al "default"

El caso Agostina Vega no termina en la investigación penal. Como suele ocurrir con las tragedias que conmueven a una sociedad, cuando uno tira del hilo aparecen otras capas: la política, los nombramientos, los favores, los contratos, los cargos creados para sostener estructuras que nadie termina de explicar.

Ese hilo llevó primero a la Municipalidad de Córdoba y a la pregunta por cómo acceden determinadas personas al Estado. Pero ahora aparece otra punta, quizás más fría, menos emocional, aunque igual de importante: la plata.

En marzo, la Municipalidad debía afrontar el vencimiento de un título colocado en 2016. Eran unos 50 mil millones de pesos. El problema es que no tenía el dinero disponible para cancelarlo. Entonces salió al mercado a tomar prestados otros 50 mil millones, en una operación de muy corto plazo, a dos meses, mediante una letra financiera de colocación privada.

Ese compromiso vencía en mayo. Pero tampoco estaba la plata. La salida fue postergar el vencimiento para el 31 de julio. Técnicamente podrá discutirse si eso es o no un default. Formalmente quizás no lo sea. Pero, en los hechos, cuando alguien debe pagar, no paga y estira el plazo, hay una señal evidente de fragilidad financiera.

¿Y qué tiene que ver esto con Agostina? Tiene que ver con una pregunta que la política cordobesa no quiere responder: ¿Cuánta gente cobra de la Municipalidad de Córdoba, para hacer qué, con qué utilidad pública y por qué vía llegó ahí?

/Inicio Código Embebido/

¿Cuántos Barrelier hay en la administración municipal? ¿Cuántos contratos existen por pertenencia política, cercanía personal o favores internos? ¿Cuántos puestos se sostienen sin que los vecinos sepan exactamente qué tarea cumplen quienes los ocupan?

Cuando se habla de empleo público improductivo, no se habla sólo de una planilla administrativa. Se habla de recursos concretos. Si hubiera apenas mil personas cobrando un millón de pesos por mes de costo laboral total, el gasto sería de mil millones mensuales. Son 12 mil millones al año. En seis años, el número se acerca a los 60 mil millones de pesos.

Ahí aparece el vínculo con la deuda. La Municipalidad posterga vencimientos, acumula compromisos con proveedores y busca financiamiento de urgencia, pero al mismo tiempo no puede —o no quiere— mostrar con claridad cuántos recursos se van en estructuras políticas, contratos dudosos o cargos cuya necesidad pública nadie explica.

Frente a esto suele aparecer una defensa conocida: que el Estado da empleo porque también cumple una función social. Es un argumento cómodo, pero engañoso. Porque con la misma plata con la que se sostiene a alguien para no hacer nada útil, se puede pagar a un trabajador para tapar un bache, arreglar una plaza, limpiar un canal, mejorar una escuela municipal o prestar un servicio concreto.

/Inicio Código Embebido/

La diferencia es enorme. En un caso, el vecino paga y no recibe nada. En el otro, alguien también trabaja y vive de ese ingreso, pero la ciudad obtiene algo a cambio.

Ese es el punto que no debe perderse de vista. No se trata de negar el rol social del Estado. Se trata de distinguir entre empleo público necesario y empleo público usado como botín político. Entre asistencia real y clientelismo. Entre gestión y reparto.

El femicidio Agostina Vega expuso muchas miserias. Algunas pertenecen al terreno judicial y deberán esclarecerse en tribunales. Otras pertenecen al terreno político y deben discutirse en público. Porque cuando una persona vinculada al poder aparece en una trama oscura, la pregunta no puede limitarse a su responsabilidad individual. También hay que mirar el sistema que la cobijó, la puerta por la que entró y las razones por las que permaneció.

Córdoba no sólo necesita saber qué pasó con Agostina. También necesita saber qué pasa con su Municipalidad. Cuántos empleados tiene. Cuántos contratados. Cuántos cargos políticos. Cuántos nombramientos por mérito y cuántos por padrinazgo. Cuánto cuesta esa estructura. Y cuánto de la deuda que hoy se patea hacia adelante tiene origen en una forma de gobernar que confunde el Estado con una agencia de colocaciones.

Ese es el hilo. De Agostina al municipio. Del municipio a los contratos. De los contratos a la deuda. Y de la deuda a una pregunta elemental: ¿quién paga todo esto?

Como siempre, los vecinos.

/Inicio Código Embebido/

-