Ciegos ante la corrupción, segundo capítulo

Hay una forma de corrupción que en Córdoba ya ni siquiera se esconde. No aparece necesariamente en bolsos, coimas espectaculares o contratos millonarios. A veces se muestra con absoluta naturalidad, casi con candidez, en una entrevista. Se dice como si fuera parte del paisaje: hay gente que entra al Estado por militancia, otros por mérito. Y listo.

El problema es justamente ese: buena parte de la dirigencia ya no parece advertir que eso también es corrupción.

Después de la renuncia del concejal Ricardo Moreno, golpeado políticamente estar vinculado al detenido Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega, llegó otro capítulo revelador. El viceintendente Javier Pretto habló del ingreso de personal a la Municipalidad de Córdoba y dejó una frase inquietante por lo que admite y por el tono con el que lo admite. Como si fuera razonable que militar para un espacio político pueda abrir la puerta a un empleo público.

No lo es.

El Estado no es una agencia de colocaciones partidarias. No es una caja de premios para punteros, familiares, amigos, militantes ni operadores territoriales. Tampoco es un refugio laboral para estructuras políticas que luego se financian con los impuestos de todos los vecinos.

La pregunta ni siquiera debería ser si entraron por concurso o por acomodo. Es más básica: ¿Esa gente hace falta? ¿Cumple una función real? ¿Quién controla qué hacen? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuántos son?

La Municipalidad de Córdoba funciona desde hace años dentro de una opacidad insoportable. Entre empleados de planta, contratados, becarios, monotributistas, cooperativas, chalecos de distintos colores y estructuras tercerizadas, nadie parece poder responder con claridad cuántas personas viven de los recursos municipales. Mucho menos cuántas son necesarias.

Y cuando aparece un caso extremo, como el del acusado por el femicidio de Agostina, el sistema queda desnudo. Entonces empiezan las explicaciones contradictorias: que pintaba cordones, que orientaba trámites, que ayudaba a completar formularios, que instruía a quienes iban a sacar carnés de motos. Nadie sabe explicar con precisión qué hacía. Y, peor aún, se admite que faltó durante días sin que nadie lo advirtiera.

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Eso no es un error menor. Es la prueba de un aparato que creció tanto y tan mal que ya ni siquiera puede controlarse a sí mismo.

Frente a cada crisis, además, la respuesta del Estado suele ser la misma: crear otra oficina, otra área, otra estructura, otro cargo, otro sello. Y casi siempre con una palabra mágica en el decreto: "articular". Todo organismo nuevo parece nacer para articular. Articular con otros organismos que ya existían, que también articulaban, pero que no hicieron lo que debían hacer.

¿Por qué no hacen funcionar lo que ya existe?

Si hace falta una persona para explicar cómo completar un formulario, quizás el problema no es que falte personal. Quizás el problema es que el formulario está mal hecho. O que el trámite fue diseñado para ser difícil. O que la burocracia se reproduce a sí misma porque de esa complejidad viven demasiados intermediarios.

La desconexión de la dirigencia cordobesa es alarmante. Los dichos de Pretto este viernes en Cadena 3 no se tratan sólo de una frase desafortunada. Se trata de una cultura política. Una forma de concebir el Estado como botín, como red de contención partidaria, como estructura de favores que se paga con plata ajena.

Por eso indigna tanto escuchar después que no hay fondos para tapar baches, mejorar servicios, sostener controles o dar respuestas básicas. Antes de pedirle más esfuerzo al vecino, la política debería mostrar la lista completa: quiénes cobran, cuánto cobran, qué función cumplen, dónde trabajan y quién controla su tarea.

No alcanza con decir que "ojalá" vuelvan los concursos. El viceintendente no es un comentarista externo. Es parte del gobierno. Quienes administran el municipio no pueden hablar como si esperaran que el cambio caiga del cielo. Tienen la responsabilidad de impulsarlo.

El caso Agostina expuso una trama de negligencias, silencios y acomodos. Y obliga a mirar una cuestión más profunda: una administración pública que parece haber perdido el sentido de servicio y una dirigencia que naturalizó privilegios que la sociedad ya no tolera.

No nos pidan más plata hasta ordenar esto. No nos hablen de falta de recursos sin antes transparentar la estructura completa. No nos digan que no alcanza para la ciudad mientras se sostienen cargos que nadie puede justificar.

Porque cuando la política deja de distinguir entre militancia, empleo público, favor personal y función estatal, el problema ya no es administrativo. Es moral. Y se llama corrupción.