Quinteros dijo que cerrarán "la mole" con un muro para evitar nuevas ocupaciones

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el operativo realizado en el edificio abandonado conocido como "la mole", en barrio Observatorio de la capital provincial, no fue inicialmente un desalojo judicial sino un procedimiento dispuesto tras una situación de riesgo que involucró a un menor.

En declaraciones a Cadena 3, el funcionario explicó que la intervención comenzó luego de que se difundiera la imagen de un chico en una cornisa del edificio, lo que motivó la actuación policial. "Tomamos conocimiento, toda la sociedad, de un menor en una cornisa corriendo serio riesgo su vida. A partir de ahí se ordenó que la Policía presentara el procedimiento ante la fiscal que correspondía", señaló.

Según detalló, la fiscalía dispuso un allanamiento para identificar a las personas que se encontraban dentro del inmueble, ocupado de manera ilegal. "Se logró determinar que había 19 personas. A quienes estaban afuera se les prohibió ingresar y se dejó una consigna de guardia de infantería", indicó.

Quinteros agregó que al día siguiente, mientras avanzaba un pedido de desalojo judicial, los ocupantes accedieron a retirarse voluntariamente. "Las personas que estaban accedieron voluntariamente a salir y, una vez vacío el edificio, ingresaron solo para buscar sus efectos personales", explicó.

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Durante ese momento, relató, se produjo un episodio crítico cuando una persona amenazó con arrojarse desde el lugar. "Tuvo que intervenir el ETER", afirmó en referencia al Equipo de Tácticas Especiales Recomendado.

Una vez finalizado el procedimiento y constatado que el edificio estaba vacío, el Gobierno provincial decidió avanzar con una medida para impedir nuevas ocupaciones. "Procedimos a iniciar las tareas para construir un muro que va a impedir definitivamente esto que hace 14 años se viene repitiendo", afirmó el ministro.

El funcionario también describió las condiciones del interior del inmueble y advirtió sobre el riesgo que implicaba habitarlo. "Estar adentro de ese lugar era estar en permanente riesgo porque los huecos del ascensor están abiertos, la escalera no tiene barandas y es un peligro para la vida", sostuvo.

Consultado sobre por qué el edificio permaneció abandonado durante más de una década, Quinteros indicó que la situación está judicializada. "Hay una quiebra con personas damnificadas y una situación judicial que debe resolverse. Habrá que preguntar a cada poder del Estado qué hizo para que esto no llegara a esta situación", señaló.

El ministro también informó que la mayoría de las personas que ocupaban el inmueble ya habían recibido asistencia estatal. "De las 19 personas relevadas, 17 habían tenido en algún momento ayudas de políticas sociales de la Municipalidad o de la Provincia", precisó.

Finalmente, remarcó que el rol de su cartera fue actuar en materia de seguridad ante los reclamos de los vecinos y las condiciones de peligro del edificio, mientras que las definiciones sobre el futuro del inmueble corresponden al ámbito judicial y municipal.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.