Policías sacaban a presos de la comisaría para usarlos como albañiles en Tucumán

Un escándalo sacude a la Policía de Tucumán tras descubrirse que detenidos eran sacados de los calabozos para trabajar como albañiles en una propiedad vinculada a una autoridad policial. El hecho derivó en la expulsión inmediata del jefe y del subjefe de la Unidad Regional Norte, y en la detención de cuatro personas.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que alertaban sobre la presencia de presos realizando tareas de construcción en una casa presuntamente perteneciente a Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte.

Agüero Gamboa informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo, y ambos solicitaron la intervención de la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer la situación. En pocas horas, el Ejecutivo provincial dispuso la baja definitiva de Beltrán y de su segundo, el comisario Sergio Juárez, mediante un decreto firmado por Jaldo y el ministro.

La medida no contempló la disponibilidad ni el pase a retiro, sino la expulsión directa de la fuerza, lo que implica que los implicados no podrán acceder por ahora a la jubilación policial. El decreto oficial calificó sus conductas como "incompatibles con la función policial y gravemente lesivas de la confianza pública".

Según las primeras pericias, al menos cuatro detenidos eran trasladados periódicamente desde la dependencia policial hasta la vivienda donde trabajaban. Dos de ellos fueron hallados en el lugar al momento de los procedimientos. Los reclusos, condenados por delitos sexuales, eran llevados en patrulleros oficiales y custodiados por efectivos que también realizaban tareas de obra.

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Fuentes judiciales indicaron que los presos se encontraban alojados en los calabozos de la Unidad Regional Norte pese a que la Corte Suprema de Tucumán había dispuesto que todos los condenados debían permanecer en cárceles provinciales.

La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien fue convocado a la oficina de Recursos Humanos (D1) de la Policía y quedó aprehendido tras varias horas de trámite. También fue detenido Juárez, quien se presentó de manera voluntaria y entregó su teléfono celular. La Justicia evalúa si incurrió en responsabilidad por no haber denunciado a su superior.

El decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad fue categórico al señalar que "la prueba producida acredita la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes".

"El Gobierno no va a tolerar conductas delictivas dentro de la fuerza. Vamos a realizar una depuración: los que cometan delitos se irán de la Policía", advirtió el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

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Informe de Rosalía Cazorla.