Penas más duras: cómo es la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno

El Gobierno nacional se dispone a enviar al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas y adecuar la legislación a nuevas formas de criminalidad. La iniciativa es considerada prioritaria por la administración que encabeza Javier Milei y apunta a dotar a la Justicia de herramientas actualizadas frente a los desafíos actuales.

La propuesta fue elaborada por una comisión de juristas y expertos encabezada por el juez Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal, y busca modernizar un Código vigente desde 1921, que recibió múltiples modificaciones parciales a lo largo de un siglo. Entre sus ejes centrales figura el aumento de penas para delitos violentos y la incorporación de agravantes, como los cometidos por motochorros y los episodios de violencia en espectáculos deportivos.

El proyecto también prevé declarar imprescriptibles delitos considerados de extrema gravedad, entre ellos abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico, de modo que no pierdan la posibilidad de ser juzgados con el paso del tiempo. En paralelo, la lucha contra el crimen organizado ocupa un lugar central, con un énfasis en atacar su financiamiento mediante el decomiso sistemático de bienes de origen ilícito.

Según explicó el portal Infobae, otra de las novedades es la incorporación, por primera vez, de un capítulo específico sobre delitos digitales y ciberdelito. La iniciativa contempla tipificar conductas como la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no consentida de datos personales, con sanciones específicas acordes al avance tecnológico y a la creciente digitalización de la vida cotidiana.

La reforma suma además la tipificación de delitos electorales, con el objetivo de ampliar la protección penal del sistema democrático, y la incorporación del ecocidio como figura penal, orientada a reforzar la protección ambiental ante desastres provocados, como los incendios forestales intencionales.

El envío del proyecto al Parlamento está previsto una vez concluido el debate por la reforma laboral. La iniciativa anticipa un tratamiento legislativo complejo, con posibles tensiones políticas, especialmente dentro del peronismo, donde conviven posturas a favor y en contra de la modernización propuesta. De aprobarse, el nuevo Código Penal marcaría una de las transformaciones más profundas del sistema legal argentino en décadas.

El juez Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal, defendió el proyecto de reforma integral del Código Penal que el Gobierno nacional enviará al Congreso y sostuvo que la iniciativa responde a una "necesidad social" tras más de un siglo de vigencia del texto actual.

En declaraciones a Radioinforme 3, Borinsky explicó que el Código Penal vigente "tiene 100 años de atraso" y fue modificado mediante "mil parches" a lo largo de distintas gestiones. Según señaló, la sociedad reclama que la ley penal contemple los problemas actuales, como estafas digitales, delitos cometidos con motocicletas, salideras bancarias y fraudes a través de aplicaciones de mensajería.

"El Código Penal tiene que ser un espejo de los valores fundamentales de la sociedad", afirmó el magistrado, y remarcó la necesidad de sistematizar las normas para establecer una jerarquía clara de conductas y penas, bajo el principio de proporcionalidad. A su criterio, se trata de redefinir un "nuevo contrato social" en un marco democrático.

Borinsky destacó que la reforma también apunta a incorporar de manera central el abordaje del crimen organizado y los delitos globales, inexistentes al momento de sancionarse el Código en 1921. Mencionó entre ellos al narcotráfico, el lavado de dinero, los delitos ambientales y aquellos que afectan la estabilidad económica y financiera de un país. "Argentina tiene que estar en línea con los códigos del mundo", sostuvo.

Otro eje señalado por el juez es el fortalecimiento de los mecanismos de decomiso de bienes. Explicó que, además de la pena de prisión, hoy resulta clave recuperar para el Estado el dinero y los activos obtenidos de manera ilícita, especialmente en delitos económicos y de criminalidad organizada, y hacerlo desde el inicio del proceso penal.

En cuanto al cumplimiento de las penas, Borinsky rechazó la dicotomía entre "mano dura" y "garantismo" y habló de una aplicación efectiva de la ley penal. "Si una sentencia dice 10, que sean 10", afirmó, al plantear una mayor cercanía entre lo que decide la Justicia y lo que percibe la sociedad, así como un rol más activo de la víctima en el proceso.

Sobre la imprescriptibilidad, explicó que el proyecto incorpora delitos de extrema gravedad, en línea con convenciones internacionales, como los delitos de lesa humanidad y aquellos contra el orden internacional, incluido el genocidio. Además, indicó que al elevar las penas en casos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, secuestro extorsivo y sicariato, se extienden los plazos de prescripción hasta volverlos, en los hechos, inaplicables.

Borinsky subrayó que la reforma busca reducir la discrecionalidad judicial mediante un lenguaje claro y pautas precisas, para evitar interpretaciones divergentes. "El beneficiario tiene que ser el ciudadano de a pie, que es la víctima de los delitos que hoy aquejan a la sociedad", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.