Ordenaron por primera vez demoler un búnker narco tras un juicio abreviado

El fiscal de Cámara de Córdoba, Marcelo Hidalgo, explicó que la demolición de un búnker de venta de drogas ordenada tras un juicio abreviado constituye una medida orientada a eliminar espacios utilizados exclusivamente para el narcomenudeo y sostuvo que, con la legislación vigente, este tipo de estructuras incluso podría destruirse antes de que finalicen los procesos judiciales.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario judicial señaló que estos lugares son puntos de comercialización de estupefacientes especialmente acondicionados para esa actividad. "La palabra búnker hace alusión a los lugares o puntos de venta de droga que desgraciadamente hay en distintos puntos de la ciudad y que se destinan exclusivamente a esto", afirmó.

Según explicó, se trata de espacios cerrados y reforzados que funcionan de manera permanente. "Son recintos cerrados con candados y rejas, donde se acercan los clientes a la compra y luego se retiran. Ese búnker funciona las 24 horas", describió.

Hidalgo indicó que en el caso analizado se dispuso el decomiso y la demolición del inmueble al finalizar el proceso judicial. "Lo que estamos proponiendo es que al cabo del juicio este lugar sea decomisado y destruido", señaló.

No obstante, consideró que la legislación actual permitiría actuar incluso antes. "Sería muy propicio que, al constatar que el destino es exclusivamente la venta de drogas, estos búnkeres sean destruidos de manera inmediata y no esperar a la finalización del juicio", sostuvo.

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En ese sentido, explicó que el Código Procesal Penal contempla medidas para hacer cesar los efectos del delito. "Las normas ya establecen que hay que hacer cesar el efecto del delito, por lo que estos lugares podrían demolerse cuando se comprueba su finalidad", afirmó.

Consultado sobre si una medida de este tipo podría afectar derechos de propiedad, Hidalgo sostuvo que la normativa vigente lo contempla. "El Código Penal señala que si las cosas son peligrosas para la seguridad común se puede ordenar su destrucción aunque afecte derechos de terceros", explicó.

El fiscal también advirtió que el fenómeno del narcomenudeo adopta distintas modalidades y mencionó casos en los que los puntos de venta se ocultan detrás de actividades comerciales. Como ejemplo, recordó un procedimiento en el que se detectó un local que funcionaba como fachada para comercializar estupefacientes.

En ese marco, consideró necesario avanzar en políticas de recuperación y destrucción de bienes utilizados para actividades ilícitas. "Como parte de la política del Ministerio Público está la recuperación de activos por un lado y la destrucción de activos destinados al delito", afirmó.

Según indicó, estas herramientas permitirían retirar esos bienes del circuito ilegal y eventualmente destinarlos a fortalecer las acciones contra el narcotráfico. "Es muy necesario para que esos bienes primero sean sacados del uso ilegal y después eventualmente rematados y destinados a la lucha contra el narcotráfico", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.