Les quitarán los beneficios económicos a alumnos que hagan bullying en San Luis

El gobierno de San Luis modificó el programa de estímulos económicos conocido como "estampillas escolares" e incorporó sanciones para estudiantes que cometan bullying u otros hechos de violencia en el ámbito escolar. La iniciativa, vigente desde hace 15 años, otorga un ahorro acumulable a lo largo de la primaria y la secundaria que, al finalizar los estudios, puede convertirse en una suma equivalente a 1.200 dólares.

El ministro de Educación provincial, Guillermo Araujo, explicó en diálogo con Cadena 3 que la decisión se tomó para enfrentar "un problema gravísimo" y se aplicará tanto a actos de acoso entre pares como a episodios de violencia física, psicológica o sexual, incluyendo ciberacoso, así como agresiones hacia docentes y directivos. "Esto es una herramienta más que se suma al trabajo que venimos realizando de concientización, capacitación y talleres para padres", señaló.

De acuerdo con la modificación dispuesta por el gobernador Claudio Poggi, si se comprueba que un estudiante incurrió en hechos de violencia, perderá el beneficio correspondiente a ese año. En caso de acumular tres episodios, perderá la totalidad de lo ahorrado desde el inicio del ciclo escolar. 

"Un chico que está en segundo año y comete tres hechos de este tipo pierde todo lo que acumuló desde primer grado. Y uno que está por terminar el secundario perdería el equivalente a 1.200 dólares", indicó Araujo.

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El funcionario afirmó que los mecanismos de evaluación "ya están vigentes" y que la medida se aplicará solo cuando existan "elementos objetivos", como actas escolares e intervenciones previas con familias y estudiantes. "Habrá instancias de trabajo previo antes de tomar la decisión. No se aplica de manera automática", aclaró.

Araujo sostuvo que el objetivo es "generar un ambiente de aprendizaje como corresponde" y "reubicar al docente y al directivo en el lugar que les corresponde". Además, mencionó que la semana pasada se envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional y aumentar la responsabilidad parental en hechos ocurridos dentro de las escuelas, con sanciones que pueden incluir multas, trabajos comunitarios y, como medida excepcional, arresto de hasta tres días.

El ministro defendió el enfoque y lo vinculó a una preocupación más amplia. "No podemos permitirnos que la escuela deje de ser un lugar seguro, que un chico no quiera ir o tenga miedo de ir. Eso no lo podemos permitir", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.