La defensa de las víctimas no fue consultada por la domiciliaria del exbombero

El abogado Tomás Corigliano, representante de una de las familias víctimas de abuso sexual por parte de Rodrigo Santi, exjefe de bomberos de La Playosa, denunció una serie de irregularidades en el proceso que permitió que el condenado accediera a la prisión domiciliaria. Según afirmó, la medida se otorgó sin consulta a las víctimas y bajo un procedimiento que calificó de "exprés".

En declaraciones a Cadena 3, Corigliano sostuvo que "de ninguna manera fueron consultadas" las familias afectadas, ni de forma personal ni a través de la querella, desmintiendo así a la fiscal Juliana Companys. 

El abogado indicó que el pedido de prisión domiciliaria se presentó un lunes y que al día siguiente ya se había concretado el traslado del condenado a un departamento céntrico, mientras que la notificación a la querella llegó cuando la decisión ya estaba ejecutada.

El letrado también describió el modus operandi del condenado, quien se desempeñaba como maestro y jefe de aspirantes en la escuela de bomberos local y ocupaba cargos a nivel regional y provincial. 

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Según relató, utilizaba su jerarquía para captar a los jóvenes: iniciaba contactos en grupos de WhatsApp, continuaba con conversaciones informales y luego los invitaba a su domicilio, donde les ofrecía bebidas alcohólicas antes de realizar propuestas sexuales. El caso derivó en un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció los hechos y recibió una condena de ocho años de prisión.

Corigliano cuestionó además la rapidez del trámite tras el cambio en la defensa del condenado y señaló que, luego de esa modificación, se le impidió acceder al expediente digital con el argumento de que estaba "a despacho", lo que —según afirmó— le impidió conocer movimientos relevantes de la causa en tiempo oportuno.

En cuanto a los fundamentos del beneficio, el abogado indicó que la domiciliaria se basó en un certificado médico privado que mencionaba un cuadro de depresión, "poco interés en actividades y melancolía". Al respecto, criticó que no se habilitara la intervención de un perito de control de parte de las víctimas ni una evaluación del equipo técnico oficial de los tribunales.

Corigliano informó que presentaron una denuncia ante el Tribunal Ético de Villa María y solicitaron su elevación al Tribunal Ético de Córdoba. Si bien aclaró que algunas de las situaciones planteadas podrían no ser ilegales, afirmó que vulneran principios éticos básicos y advirtió sobre lo que definió como un "abandono de la prioridad de la víctima" en una causa de extrema sensibilidad.

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Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.