Fue condenado por abuso de menores, obtuvo domiciliaria y estaría sin tobillera

La titular de la ONG Vínculos en Red, Alicia Peresutti, expresó su "profunda indignación y preocupación" por el otorgamiento de prisión domiciliaria a un abusador de menores y calificó el caso como una "situación de terror y de crueldad nunca vista".

Se trata del caso de Rodrigo Santi, un exbombero de 31 años de la localidad de La Playosa, en la provincia de Córdoba, que confesó ante la Justicia haber abusado de varios niños, incluidos hechos de acceso carnal y tenencia de pornografía infantil. 

Según explicó Peresutti a Cadena 3, el acusado accedió al beneficio de la prisión domiciliaria tras un juicio abreviado en el que la fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión, que aún debe ser ratificada por una jueza de control.

"Es muy raro cómo se dio todo", afirmó la referente de la ONG, al señalar que la medida se habría sustentado en un certificado emitido por un perito médico privado que diagnosticó un cuadro de depresión. "Todos saben que cuando uno entra en la cárcel se deprime en el acto. Eso no puede ser motivo para darle una domiciliaria", cuestionó.

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Peresutti también describió las condiciones en las que el abusador cumple el beneficio, a las que consideró inaceptables. Indicó que se encuentra alojado en un departamento con comodidades, sin tobillera electrónica ni custodia policial, y remarcó que la vivienda está ubicada a pocos metros de un establecimiento escolar. "No hay ningún control real de que esta persona no circule", advirtió.

Otro de los puntos centrales de su denuncia fue la falta de información a las víctimas y a sus familias. "Las víctimas no fueron avisadas", sostuvo, y agregó que tampoco se notificó a sus abogados. Según relató, esta omisión provocó un fuerte impacto emocional y recaídas en la salud de algunos familiares directos.

En sus declaraciones, la titular de Vínculos en Red también cuestionó el accionar de la fiscalía interviniente y señaló presuntas irregularidades éticas en el proceso. Afirmó que uno de los abogados defensores del acusado había sido empleado de la misma fiscalía y tuvo acceso previo a la causa.

Peresutti también dirigió duras críticas contra la fiscal Juliana Companys, a quien acusó de ejercer prácticas coercitivas y de perseguir a organizaciones sociales. "Es destructivo, se lo digo yo en carne propia. Te marca para toda la vida", expresó, al referirse al impacto de los abusos y a lo que consideró una falta de justicia efectiva para las víctimas.

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Ante las acusaciones de la ONG, Cadena 3 le dio la posibilidad a la fiscal Juliana Companys de responder en vivo, aunque la funcionaria se encuentra de feria judicial. No obstante, envió un breve escrito a la emisora en el que brindó precisiones sobre el caso.

Según informó la fiscal, en el marco del proceso judicial "se acordó una pena con la defensa en un juicio abreviado, con una condena de ocho años de prisión", luego de la confesión del acusado. Companys señaló que "el acuerdo fue enviado a la jueza de control, como indica la ley, y fue ratificado".

Respecto de la prisión domiciliaria, la fiscal aseguró que el imputado "cuenta con tobillera electrónica, solicitada al Ministerio de Justicia de Córdoba", y precisó que la medida "se cumple junto a otras condiciones dispuestas por un juez de ejecución penal". Sobre el resto de las acusaciones formuladas por la ONG, Companys no hizo más declaraciones.

Entrevista de Miguel Clariá.