Kraisman dijo que hay contratos que se usaban para financiar trabajo territorial

El exdirigente del PJ y puntero político Guillermo Kraisman, detenido en el marco de la investigación por el caso de la "empleada fantasma" en la Legislatura de Córdoba, reveló detalles sobre el mecanismo de designación de contratos en el ámbito legislativo.

La periodista de Perfil Córdoba, María Esther Romero, quien logró acceder a Kraisman tras meses de gestiones, compartió en diálogo con Radioinforme 3 los principales dichos del entrevistado, centrándose en cómo estos contratos se utilizaban para solventar tareas políticas en los barrios.

Romero explicó que Kraisman reconoció haber acercado dos nombres para contratos en la Legislatura, uno de los cuales fue el de Virginia Martínez, señalada como la "empleada fantasma" en la investigación. Según Kraisman, este mecanismo formaba parte de un acuerdo establecido en septiembre u octubre del año pasado con la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, y el jefe de la bancada oficialista, Miguel Siciliano. "Me habla de un acuerdo para designaciones destinadas a desarrollar tareas territoriales", relató Romero, citando al detenido. Kraisman aclaró que su rol era únicamente "acercar nombres" y no designar directamente, ya que no tiene acceso a la planilla administrativa.

El caso salió a la luz cuando Kraisman, junto a Luciana Castro, intentó retirar una tarjeta bancaria correspondiente al contrato de Martínez, pero el trámite fracasó porque la cajera del banco detectó que la foto del DNI presentado no coincidía con la persona que estaba presente. Esto derivó en la detención de ambos en enero de este año.

Según Romero, Kraisman afirmó que Virginia Martínez, cuya madre es militante en la seccional 12 y vive en el mismo complejo que él, "sabía perfectamente" de qué se trataba el contrato. "Es una persona de la política, de la militancia territorial", señaló Romero, parafraseando al entrevistado.

Kraisman explicó que los contratos, como el de Martínez, estaban destinados a financiar "tareas territoriales" en los barrios, aunque la empleada nunca asistió a trabajar a la Legislatura. "Me dice que le iban a asignar tareas administrativas, pero en realidad eran funciones territoriales o proselitistas", detalló Romero. El exdirigente justificó este sistema asegurando que las personas designadas "toman el termómetro social del barrio o del departamento" y transmiten esa información a los legisladores, funcionando como una especie de asesores en el ámbito político.

La periodista destacó en Radioinforme 3 que Kraisman fue cuidadoso al hablar, evitando mencionar si este mecanismo era común en otros bloques legislativos. Sin embargo, dejó entrever que el sistema de designaciones trasciende su caso particular. "Me respondió algo que me quedó picando: 'La lista de contratados y asesores no es nada'", relató Romero, interpretando la frase como un mensaje sobre la magnitud del problema.

Además, Kraisman insinuó que, tras el estallido del escándalo, hubo intentos de "arreglar" la situación, pero que quienes lo contactaron no eran "los que cortan el bacalao". "Acá es una mesa muy chica, son muy pocas las personas que toman decisiones", le dijo a Romero.

Finalmente, la periodista reflexionó sobre la percepción de Kraisman respecto a estas prácticas. "Para mí es corrupción dibujar un contrato, pero para él estaba totalmente justificado", señaló. Kraisman admitió que hubo "un error", pero no por la naturaleza del contrato, sino por "creer en quien le dio la palabra y la incumplió". Aunque mencionó a Nadia Fernández y Miguel Siciliano como intermediarios, afirmó que "esto se corta más arriba" y defendió a Fernández, asegurando que ella "cumplió" con lo acordado.

Romero subrayó la dificultad de acceder a información sobre los contratados en la Legislatura, un tema que sigue generando controversia y debate en Córdoba.

El abogado de Virginia Martínez, Gustavo Castellanos, habló con Miguel Clariá y afirmó que la entrevista a Kraisman "dejó al descubierto un sistema de contrataciones arbitrario y sin control.

Aseguró a la emisora que "no hay meritocracia" en las contrataciones, las cuales se manejan por "filiación política". El abogado destacó que Kraisman "lo confiesa abiertamente" y que la legisladora involucrada había admitido que actuó a pedido de él, sin conocerlo previamente.

El abogado calificó de "falsa" la justificación de Kraisman sobre un intento de retirar una tarjeta de un banco, señalando que "no existe la posibilidad que el banco le dé una tarjeta de terceros a nadie". Castellanos explicó que la cajera frustró el intento de cobro de Luciana Castro, quien estaba con Kraisman en el banco.

En cuanto a la mención de Virginia Martínez por parte de Kraisman, Castellanos aclaró que "no tiene buena relación con él" y que "nunca trabajó para él". Destacó que la madre de Martínez, Patricia Defunchio, tenía una relación con Kraisman, pero su capacidad cognitiva estaba disminuida, lo que llevó a solicitar una pericia que determinó que no era imputable.

Castellanos se mostró sorprendido por la decisión de Kraisman de hablar en este momento, especialmente con elecciones próximas, y consideró que podría ser una estrategia para buscar atención.

Entrevista de Miguel Clariá.