Neuquén debate el uso de narcotest sorpresivos para políticos y jueces

La Legislatura de Neuquén se encuentra en un acalorado debate sobre un proyecto de ley que propone realizar narcotest sorpresivos a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo al gobernador, legisladores, jueces y fiscales.

La iniciativa, que busca garantizar la “idoneidad” de quienes ocupan cargos públicos, avanzó en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero aún enfrenta interrogantes sobre su constitucionalidad, las sanciones aplicables y su implementación práctica.

El proyecto establece que los controles toxicológicos, realizados mediante pruebas rápidas de orina o saliva, serán aleatorios y sin notificación previa, con un costo estimado de entre $15.000 y $20.000 que deberán cubrir los propios funcionarios.

En caso de un resultado positivo, se permitirá una contraprueba, pero un segundo positivo podría derivar en sanciones severas, como la suspensión sin goce de sueldo por tres meses o incluso la remoción del cargo, dependiendo del poder del Estado al que pertenezca el funcionario.

El diputado radical César Gass en diálogo con Cadena 3 expresó su apoyo a la medida, pero subrayó la importancia de enmarcarla dentro de los límites constitucionales.

“No es lo mismo un positivo en el Ejecutivo, donde la sanción puede ser directa, que en el Legislativo o Judicial, donde se requiere un juicio político o un jurado de enjuiciamiento”, explicó Gass.

“Nadie puede estar en desacuerdo con someternos a estos test, pero debe hacerse con madurez y respetando la Constitución” expresó el diputado.

El debate, que aún no ha llegado al recinto, enfrenta tensiones sobre las sanciones. Mientras el PRO propone una expulsión automática ante un positivo confirmado, otros sectores, como Unión por la Patria, abogan por procesos constitucionales, como juicios políticos o sumarios administrativos, para evitar arbitrariedades.

Otro punto en discusión es quién asumirá el costo de los test y si se realizarán en laboratorios públicos, privados o mixtos, para evitar que la medida se convierta en un negocio para ciertos actores.

Además, persisten dudas sobre la periodicidad de los controles, con propuestas que van desde tres veces al año hasta una vez cada dos años, y sobre si incluirá a candidaturas electorales o solo a funcionarios en ejercicio.

La iniciativa, impulsada en el marco de la lucha contra el narcotráfico, toma como referencia experiencias en provincias como San Luis, donde los narcotest ya son obligatorios y se financian por sorteo, y Córdoba, que exige certificados anuales a sus funcionarios.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa abrió el debate el 1 de marzo, proponiendo inicialmente controles voluntarios, pero los proyectos presentados optaron por la obligatoriedad.

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El proyecto, que podría obtener despacho la próxima semana, ha generado posturas encontradas. Mientras algunos lo ven como una herramienta para reforzar la ética pública, otros advierten sobre posibles vulneraciones a derechos constitucionales.

“Queremos que los funcionarios estén libres de sustancias al tomar decisiones, pero debemos evitar un pelotón de fusilamiento sin juicio previo”, señaló Gass.

Entrevista de "Informados al Regreso"