Fentanilo: la familia de una víctima estuvo dos meses sin respuestas oficiales

En el marco de las investigaciones por el fentanilo contaminado, la Justicia había ordenado el lunes distintos allanamientos en la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y en domicilios de exfuncionarios, tras un pedido del abogado querellante Carlos Nayi, representante de varias víctimas. 

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, autorizó las medidas para secuestrar documentación y celulares de funcionarios como Nélida Agustina Bisio, Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del INAME, y Ana Canil, directora de Fiscalización, entre otros. 

Según Nayi, estas acciones buscan avanzar en la investigación de posibles responsabilidades funcionales más allá de los 16 imputados y 10 detenciones ya ordenadas.

Alejandro Ayala, hermano de Leonel, una de las primeras víctimas confirmadas de los sedantes adulterados, compartió su testimonio en diálogo con Cadena 3. Leonel, un docente, inspector de enseñanza y músico de 32 años, ingresó a la clínica Ranelagh de Berazategui por un dolor abdominal causado por cálculos en la vesícula. En lugar de extirparle la vesícula, le realizaron una endoscopía que derivó en una perforación del duodeno y una pancreatitis grave, lo que lo llevó a la terapia intensiva del Hospital Italiano de La Plata.

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Allí, durante cuatro semanas, recibió un tratamiento con fentanilo contaminado de la marca HBL Pharma, lote 31.202. "El tratamiento con fentanilo adulterado empezó los primeros días de abril y, lamentablemente, el 12 de abril pierde la vida inexplicablemente por una infección bacteriana generalizada que le provocó fallas multiorgánicas", relató Alejandro a esta emisora.

Ayala explicó que la familia tardó dos meses en obtener la documentación que confirmaba el uso del fentanilo contaminado. "Leonel fallece el 12 de abril y recién el 10 de junio nos enteramos mediante legales del hospital que a Leonel le habían dado el fentanilo contaminado. Fueron prácticamente dos meses que estuvimos luchando, peleando por una documentación que naturalmente tendría que responder a la ley del derecho del paciente", afirmó. 

Según indicó Alejandro, Leonel no tenía enfermedades previas ni condiciones que justificaran su fallecimiento, salvo el elemento contaminante. "Cada ampolla del fentanilo tenía una magnitud diferente o una carga bacteriana diferente en cada ampolla. No eran los mismos. Tal vez una ampolla que le tocó a mi hermano era más letal que otra", detalló.

Alejandro también expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación y señaló lo que considera un "bloqueo institucional". "El Hospital Italiano, el 28 de abril, denuncia que el fentanilo contaminado estaba en Anmat. Entre el 2 y el 13 de mayo denuncian el caso y prohíben el uso de este medicamento. Anmat hizo una falta muy grave a la situación. Se estuvo aplicando este medicamento en todo el territorio argentino, matando personas. No dio aviso a las instituciones médicas y el Ministerio de Salud de la Nación no dio respuestas a los hospitales de esta situación", denunció. 

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Además, destacó que los hospitales que se enteraron lo hicieron gracias a los allanamientos ordenados por el juez Kreplak y que, incluso, la fiscal Laura Roteta mencionó que la Justicia tuvo que asumir tareas que correspondían a organismos públicos de salud para limitar el uso del medicamento.

Ayala cuestionó la demora en la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso, sugiriendo que hay una intención de dilatar el proceso. "Da la impresión que están pateando la pelota afuera. Tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales como en la del Presupuesto, no parecen estar apresurando la investigación", afirmó. 

Finalmente, Alejandro expresó el dolor de su familia y su búsqueda de justicia: "A nosotros nos condenaron y queremos la condena para los responsables. Queremos también la renuncia de (ministro de Salud) Mario Lugones. No vamos a dejar de seguir esto".

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Entrevista de Miguel Clariá.