Empleada fantasma: sigue el revuelo por los allanamientos en la Legislatura

El abogado Gustavo Castellanos, representante de Virginia Martínez en la causa de la “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba, cuestionó el avance de la investigación y puso en duda el alcance de los recientes allanamientos ordenados por la Fiscalía Anticorrupción. Según afirmó, la medida se realizó “diez meses después de los hechos” y podría resultar insuficiente para determinar responsabilidades.

Castellanos consideró “auspicioso” que se hayan tomado nuevas medidas de prueba, pero remarcó que la demora afecta el esclarecimiento del caso. Señaló que durante diez meses solicitaron que se investigara a funcionarios de la Legislatura que, a su criterio, habrían intervenido en la aprobación de contratos. “La causa se dirigió exclusivamente a Guillermo Kraisman, la señora (Luciana) Castro y Virginia Martínez, pero nunca se convocó a los funcionarios que firmaron los contratos”, sostuvo.

El abogado también cuestionó en diálogo con Cadena 3 que la vicegobernadora Prunotto y el secretario legislativo no hayan sido citados, pese a haber firmado un decreto que aprobó 23 contratos, entre ellos el de Martínez, cuya existencia —según indicó— no fue acreditada. Castellanos afirmó que este decreto incluiría casos que “no terminan de explicarse”, como jóvenes de poco más de 20 años, un chapista y operadores cerealeros.

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Respecto al desdoblamiento reciente de la investigación, explicó que la causa principal —que involucra a Kraisman y a la coimputada Castro— fue elevada a juicio, mientras que la parte correspondiente a Martínez regresó a la Fiscalía para continuar la instrucción, luego de que el juez de control determinara falta de mérito para su clienta.

El abogado defensor recordó que en enero solicitaron información formal sobre la contratación de Martínez y que debieron recurrir a un amparo para obtener datos. Recién en abril, dijo, Prunotto respondió indicando bajo qué decreto figuraba contratada. Agregó que la investigación ahora incluye una nueva denuncia que pone bajo sospecha un total de 1.050 contratos.

Consultado sobre su percepción como ciudadano, Castellanos afirmó no tener certezas sobre la situación contractual en la Unicameral y sostuvo que la información permanece "bajo siete llaves".

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Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.