Empleada fantasma: es inminente la elevación a juicio contra Guillermo Kraisman

A casi ocho meses de su detención, el expuntero del Partido Justicialista, Guillermo Kraisman, continúa en el centro de una causa judicial que dejó en evidencia las supuestas irregularidades en la contratación de empleados en la Legislatura de Córdoba. 

El fiscal anticorrupción Franco Mondino ultima los detalles para elevar a juicio la causa contra Kraisman y la empleada fantasma, identificada como Virginia Martínez, acusados de intentar cobrar casi un millón de pesos de manera fraudulenta.

El caso, que comenzó a destaparse gracias a la alerta de una cajera bancario, tomó un nuevo giro con la decisión del fiscal Mondino de declarar inimputable a la madre de la empleada fantasma, quien también fue detenida por presuntamente robar el DNI de su hija para facilitar el delito. 

Según fuentes judiciales, la mujer "no comprende la criminalidad de sus actos", por lo que quedará fuera de la investigación. En tanto, la legisladora Nadia Fernández, quien firmó la contratación de la empleada cuestionada, fue convocada a declarar como testigo. 

Sin embargo, el abogado defensor de la empleada, Gustavo Castellano, prepara una jugada judicial que podría sacudir los cimientos de la Legislatura. Castellano presentará en las próximas horas un extenso escrito en el que denunciará a Fernández y a otros funcionarios legislativos por falso testimonio, acusándolos de manipular información ante el fiscal. 

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Además, el letrado apuntará a la vicegobernadora Myrian Prunotto, responsable de firmar el decreto de designación de la empleada fantasma, buscando que también sea investigada.

En diciembre de 2024, Virginia Martínez fue contratada como asesora en la Legislatura de Córdoba, supuestamente por la vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández. Sin embargo, Martínez afirmó no haber trabajado nunca en la Legislatura, no haber firmado ningún contrato ni conocer a Fernández. 

El 16 de enero de este año, Kraisman, junto con Luciana Castro, intentó cobrar un sueldo de $950.000-$1.000.000 depositado a nombre de Martínez en una sucursal del Banco de Córdoba, utilizando un DNI vencido de la mujer. La maniobra fue detectada por una empleada bancaria, lo que llevó a la detención de Kraisman y Castro por tentativa de defraudación a la administración pública.

Martínez, imputada por falso testimonio agravado, sostiene que su identidad fue usada sin su consentimiento y que su madre, Patricia Defunchio, habría proporcionado su DNI a Kraisman. La investigación, a cargo del fiscal Franco Mondino, reveló comunicaciones entre Kraisman y Fernández sobre la contratación de Martínez, aunque Fernández negó irregularidades y afirmó que dio de baja el contrato el 8 de enero por incumplimiento de funciones. 

Kraisman intentó cobrar el sueldo días después y fue detenido en la cárcel de Bouwer. Posteriormente, el expuntero del PJ ofreció $1.500.000 como reparación económica y solicitó un juicio abreviado y prisión domiciliaria.

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Informe de Francisco Centeno.