El Foro de Discapacidad rechaza el nuevo proyecto de ley: "Es un retroceso"

El anuncio del Gobierno Nacional sobre el envío al Senado del proyecto de ley denominado "Contra el fraude de las pensiones por invalidez" encendió nuevamente las alarmas en el sector de la discapacidad.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, propone un reempadronamiento obligatorio y mayores restricciones para el acceso a beneficios, bajo el argumento de sanear un sistema presuntamente viciado por irregularidades y un crecimiento exponencial de los beneficiarios.

En diálogo con Radioinforme 3, el sacerdote Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, calificó la propuesta como "totalmente negativa" y criticó los fundamentos técnicos del Ejecutivo.

Según el referente, el nombre del proyecto ya marca un espíritu persecutorio basado en premisas débiles: "Plantean cómo puede ser que haya crecido de manera tan exponencial el tema de las pensiones y el fundamento que dan son escritos que no citan nada; es pobre volver a discutir esto", afirmó.

Molero fue crítico con los datos de las auditorías oficiales: "El Gobierno dijo que detectó 80.000 pensiones mal dadas sobre 1.200.000. Eso no llega al 7%. Cuando uno habla de 'gran cantidad', está pensando no en un 7%, porque en ese caso el 93% fueron bien otorgadas".

Uno de los puntos de mayor conflicto radica en el criterio de evaluación. El proyecto busca volver a la idea de "incapacidad laboral", algo que para Molero ignora la realidad social y legislativa actual. "¿Desde dónde lo van a evaluar a un chico que recibió una pensión para ayudarlo? ¿Desde la incapacidad laboral? Un niño nunca podría haberla recibido bajo ese criterio porque legalmente no puede trabajar", ejemplificó el sacerdote para ilustrar el posible desamparo de menores de edad.

Respecto a la transparencia, el titular del Foro aclaró que el sector nunca se opuso a los controles ni al cruce de información, ya que se trata de fondos públicos. Sin embargo, denunció que las auditorías previas fueron deficientes y que los beneficiarios a menudo no son debidamente informados de los procesos. "A mí me parece bien toda auditoría que se haga, son fondos públicos, pero el tema es desde dónde se hacen las cosas", insistió.

Otro frente de batalla es la desregulación de las prestaciones. El proyecto oficial propone eliminar el arancel único, permitiendo que cada obra social, prepaga o el PAMI negocie individualmente con los prestadores. Para Molero, esto representa un peligro inminente para la calidad del servicio en un contexto donde los pagos ya sufren demoras de 90 días y un desfasaje de costos del 40%.

"¿Usted cree que las obras sociales o prepagas se van a sentar con un prestador a discutir un arancel mejor? Nunca lo harán", advirtió el referente. En este sentido, subrayó que casi todo el sistema prestacional —a excepción de las escuelas y algunos centros de rehabilitación provinciales— está en manos privadas porque el Estado no interviene directamente en la oferta de servicios.

Finalmente, Molero confirmó que desde el Foro Permanente de Discapacidad se opondrán firmemente al avance legislativo de la norma en el Congreso. Considera que el planteo oficial busca instalar una "lectura equivocada" en la población para justificar lo que, a su juicio, no es más que un recorte de derechos adquiridos. "No podemos no oponernos a algo que creemos que es un retroceso", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.