Discapacidad: múltiples marchas en todo el país contra el proyecto de Milei

La presentación del nuevo proyecto de ley de discapacidad por parte del Gobierno nacional abrió un frente de conflicto con organizaciones, prestadores y familias, que este miércoles se movilizaron en distintos puntos del país —incluida la ciudad de Córdoba— para expresar su rechazo.

La iniciativa oficial propone, entre otros puntos, un reempadronamiento general de beneficiarios de pensiones por invalidez, auditorías más estrictas y la posibilidad de dar de baja beneficios ante presuntas irregularidades. El eje del proyecto, según el propio texto, apunta a “evitar fraudes”, una definición que generó fuerte malestar en el sector.

“Viene a plantear una situación que marca un poco la estigmatización de las personas con discapacidad ya desde el nombre en que se titula el proyecto”, cuestionó Jorge Prado, abogado integrante y coordinador del área legal de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), en diálogo con Cadena 3. 

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Y agregó: “Dando por cierto que existe esa práctica, que esa práctica es la común y no es la excepción”.

El debate no es nuevo. Desde el inicio de la gestión, el oficialismo puso el foco en posibles irregularidades en el otorgamiento de pensiones. Sin embargo, desde las organizaciones señalan que, a casi dos años de auditorías, no se lograron probar esquemas masivos de fraude. “Aún con un mecanismo que vulneraba derechos de forma flagrante, no pudo demostrar la existencia de lo que se sostenía al principio”, sostuvo Prado.

Además, recordó que la Justicia ya ordenó restituir beneficios que habían sido suspendidos: “Se hicieron devolver pensiones que habían sido dadas de baja”.

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Prestaciones en riesgo

El otro punto crítico del proyecto tiene que ver con el sistema de prestaciones. Actualmente, los servicios que reciben las personas con discapacidad —rehabilitación, transporte, acompañamiento— están regulados por un nomenclador que fija valores mínimos obligatorios para obras sociales y prepagas.

La posible desregulación de ese esquema encendió alarmas. “Si se desregula, lo que va a suceder es que van a caer muchísimo los valores”, advirtió Virginia Els, secretaria general de la Cámara de Prestadores. “Va a ser muy difícil negociar un valor que sostenga la calidad del servicio”.

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Según explicó, el sistema actual garantiza igualdad en el acceso: “Hoy vos tenés personas muy vulnerables que acceden a la misma calidad de servicios que una persona que puede pagar. Eso es lo que se va a destruir”.

El temor es que, sin ese marco, la atención dependa cada vez más de la capacidad económica de cada paciente. “Van a empezar a existir personas que reciban mejores servicios que otros, depende de su cobertura o de su bolsillo”, agregó.

Atrasos y crisis en el sector

El conflicto se da en un contexto ya crítico para los prestadores. Según denuncian, los valores están muy por debajo de la inflación y los pagos llegan con meses de demora.

“Estuvimos casi un año sin aumentos. Luego hubo un 30%, pero quedamos todavía un 40% abajo de la inflación”, detalló Els. A eso se suma el atraso en los cobros: “Estamos empezando a cobrar enero y el programa Incluir Salud nos debe noviembre de 2025”.

En ese escenario, la combinación de menores ingresos y mayor incertidumbre regulatoria podría impactar directamente en la continuidad de centros y servicios.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es ordenar el sistema y evitar abusos. Pero del otro lado, organizaciones y especialistas advierten que el enfoque elegido puede terminar afectando a quienes realmente necesitan asistencia.

Informe de Alejandro Bustos.