Día del Empleado Público: ¿Es válido el decreto de Milei que elimina el asueto?

El Gobierno nacional anunció la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público, una medida que desató controversia y generó resistencia por parte de los sindicatos estatales, particularmente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El asueto, establecido por una ley de 2013 durante el gobierno de Cristina Kirchner, otorgaba a los empleados públicos un día no laborable en conmemoración de su día. Sin embargo, el Ejecutivo de Milei decidió derogar este beneficio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Consultado sobre la legalidad de la medida, el abogado laboralista Julián De Diego explicó a Radioinforme 3 que, desde el punto de vista formal, la derogación de una ley debe realizarse mediante otra ley aprobada por el Congreso. "Un decreto no alcanza para derogar una ley vigente como la de 2013", afirmó el abogado.

Según el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, los DNU solo son válidos en circunstancias excepcionales, como cuando el Congreso está en receso, algo que no está ocurriendo en este momento. Esto pone en duda la legitimidad del decreto, que debe ser revisado por la Comisión Bicameral del Congreso para confirmar o rechazar su validez.

En este contexto, ATE llamó a los trabajadores estatales a tomarse el día, argumentando que "nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución". De Diego señaló que, dado que el procedimiento de legitimación del DNU aún no se completó, los empleados que no concurran a trabajar podrían enfrentar el descuento del día.

"Es muy difícil que se aplique una sanción como el despido, porque la desvinculación de un empleado público requiere un sumario y una causa grave", explicó el abogado, añadiendo que lo más probable es que el Gobierno ordene a los organismos públicos descontar el día no trabajado.

La decisión del Gobierno generó una fuerte reacción de los sindicatos. ATE, en particular, anunció que considera el DNU inconstitucional y llamó a los trabajadores a no acatarlo. De Diego advirtió que, aunque los sindicatos podrían intentar un recurso de amparo, el escaso tiempo disponible hace improbable que obtengan una resolución judicial antes del día en cuestión. Sin embargo, los trabajadores afectados podrían iniciar reclamos individuales una vez que se efectúe el descuento salarial.

El abogado también criticó la postura de los sindicatos estatales, como ATE y UPCN, señalando que "no contribuyeron mucho a mejorar los servicios públicos" y que su resistencia responde más a una oposición política al Gobierno que a una defensa técnica de los derechos laborales. "La actitud de ATE es parte de una filosofía de oposición sistemática al Gobierno, enfrentando cualquier medida, independientemente de su valor", afirmó.

"Estoy completamente de acuerdo con que los empleados públicos no deberían tener estos privilegios", opinó De Diego en Cadena 3. Sin embargo, subrayó que, desde el punto de vista legal, la derogación debe ajustarse a los procedimientos constitucionales.

Entrevista de Miguel Clariá.