Impacto a la cultura argentina
25/06/2025 | 19:47 | El Gobierno decidió implementar DNU que apuntan a disolver instituciones culturales; la oposición y artistas se manifiestan en contra de la medida, entre ellos el Puma Goity.
La oposición parlamentaria realizó esfuerzos para que el Congreso se oponga a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 345 y 346, intentando así detener la medida del Gobierno de Javier Milei que busca disolver organismos culturales históricos y minimizar la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), creada por Sarmiento.
Propuestas adicionales incluyeron reformas a CONICET, que contemplaban sustituir la carrera de investigador por contratos temporales, condicionar la investigación a intereses comerciales inmediatos y excluir las ciencias sociales. A pesar de ello, la prestigiosa institución, según el Ranking Scimago 2025, sigue siendo reconocida por séptimo año consecutivo como "la institución de investigación científica, del ámbito público y de gobierno” más destacada de Latinoamérica.
Se posiciona por delante de otros organismos relevantes, como los Consejos de investigaciones científicas y técnicas de países como México y Brasil.
Los DNU 345 y 346/2025 llevan a cabo una transformación significativa en el ámbito cultural, sintiéndose desde hace tiempo como una amenaza y causando tensión en un sector que ya había sido perjudicado desde el ascenso de Milei al poder.
“El cierre, la centralización y fusión de organismos” anunciados por el vocero Manuel Adorni traen consigo consecuencias nefastas para una serie de espacios, siendo el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP los principales blancos de esta ofensiva.
Las medidas fueron impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
La diputada Margarita Stolbizer expresó en Twitter que “Milei y su banda de iletrados quieren un país sin cultura, sin memoria, sin libros, sin teatros y sin historia”.
Su mensaje continuó señalando que “con los DNU 345 y 346 intentan disolver organismos culturales históricos y degradar la CONABIP, transformando institutos nacionales en simples oficinas adaptadas a su gobierno”.
Agregó que “la construcción de la patria no se logra destruyendo bibliotecas ni silenciando teatros. Se fundamenta en memoria, libros, ideas y diversidad”.
Establecido por la Ley 24.800 en 1997, el Instituto Nacional del Teatro (INT) fue un organismo crucial para el desarrollo teatral del país, encargado de subsidiar obras, giras, festivales, infraestructura y formación en todo el territorio, enfocándose en el desarrollo regional y en el apoyo a salas independientes.
Desde finales de 2023, se encuentra bajo amenaza, especialmente cuando una ley ómnibus sugería su eliminación. Desde comienzos de 2024, sus fondos se congelaron, los pagos están atrasados y los programas detenidos.
El decreto 345/2024, promovido por el presidente Javier Milei, da un paso más hacia su desmantelamiento al desfinanciarlo, convirtiéndolo en una “unidad organizativa” de la Secretaría de Cultura y disolviendo su consejería de dirección y representación provincial.
Se establece un consejo asesor de carácter ad honorem en su reemplazo, mientras que Federico Brunetti, hasta entonces subsecretario de Promoción Cultural, asumirá como director nacional, ocupando el lugar de Mariano Stolkiner.
El INT no solo financiaba proyectos, sino que también aseguraba la existencia de un ecosistema teatral diverso, plural y federal, desempeñando un papel fundamental en un país donde la oferta cultural oficial es limitada y el acceso a la cultura es desigual.
Se denunció que el Gobierno de Milei lo ha desfinanciado progresivamente y lo ataca verbalmente por su supuesta “ineficiencia”, como parte de una política de debilitamiento sistemático del sistema cultural público.
Los actores aprovecharon la fiesta de los Martín Fierro para manifestar su oposición. Gabriel 'Puma' Goity, al recibir la estatuilla de Oro, defendió al Instituto Nacional del Teatro, uniendo su voz a la de muchos colegas que advierten sobre el vaciamiento, expresando que su cierre sería “una pena”.
Goity también destacó que “sin cultura, salud y educación dignas, resulta muy difícil pensar en libertad”.
Reiterando estos temores, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mencionó que los decretos 344, 345, 346 y 347/2025 forman parte de una reestructuración significativa que incluirá la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos públicos.
El propósito, según se menciona en el documento oficial, es “reducir duplicaciones, eliminar gastos innecesarios y concluir con décadas de despilfarro y expansión injustificada de estructuras estatales”.
La justificación oficial apela a un presunto crecimiento insostenible del aparato estatal en los últimos años; desde 1983, la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados se incrementó más del 150%, sumando hoy 111 entidades estatales que emplean a más de 80.000 personas, es decir, cerca del 48% del personal de la Administración Pública Nacional.
Desde 2010, la plantilla de estos organismos creció un 148%, en contraste con el aumento del 33% en la administración central. El Gobierno también resalta que existen más de 5.600 unidades organizativas y casi 700 autoridades superiores solo en estos entes, siendo esta cantidad más del doble que en el resto de la administración pública.