Córdoba: detuvieron a dos funcionarias judiciales acusadas de manipular informes

Dos peritos oficiales fueron detenidas en la provincia de Córdoba acusadas de extorsionar a un condenado por homicidio. Se estima que le solicitaron la suma de $2.700.000 a cambio de elaborar un dictamen que favoreciera sus intereses.

La Fiscalía de instrucción y fuero múltiple de Río Segundo dispuso la imputación y detención de la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la asistente social Silvia Patricia Romero por el delito de exacciones ilegales agravadas.

La investigación se inició tras la denuncia de un abogado que alertó a la fiscalía sobre la exigencia de ambas peritas del equipo técnico de Río Segundo, quienes requerían el pago de $2.700.000 a cambio de asegurar una sentencia favorable, según el documento del Ministerio Público Fiscal.

Luego de recibir la denuncia y en colaboración con personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), se logró reunir una considerable cantidad de pruebas. En las últimas horas, se procedió a la detención de las profesionales en una estación de servicio.

Durante la operación, se confiscó el teléfono celular de las imputadas y, tras los trámites legales correspondientes, se ordenó su reclusión en el establecimiento penitenciario correspondiente.

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El abogado penalista y docente Facundo Pérez Lloveras calificó el caso como "un escándalo para la justicia local". En declaraciones realizadas este viernes a Cadena 3, Pérez Lloveras explicó que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por él en representación de un cliente que tramitaba un pedido de prisión domiciliaria. 

Según relató, la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba había ordenado una pericia psicológica y un informe socioambiental, que quedaron a cargo del equipo técnico de Río Segundo.

"El cliente me comunica que la asistente social le habría dicho que, si no pagaba, los informes iban a ser negativos, y que abonando una suma cercana a los 2.700.000 pesos esos informes se volverían favorables", sostuvo el letrado. Remarcó además que, ante esa situación, aconsejó no aceptar la exigencia y avanzar con la denuncia penal.

Pérez Lloveras señaló que el pedido de dinero fue reiterado en comunicaciones telefónicas que quedaron registradas. "Mi directiva fue que grabara las llamadas. En esas conversaciones surge claramente el pedido del dinero y la promesa de modificar el contenido de los informes", afirmó.

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El abogado detalló que, tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo organizó un procedimiento de delito experimental. "Se prepararon todas las condiciones para que las imputadas creyeran que iban a cobrar sin intervención judicial. El dinero fue identificado previamente y la entrega se realizó en un lugar vigilado", explicó. Según indicó, las detenciones se concretaron en el momento en que las funcionarias intentaban retirarse con el efectivo.

Durante la entrevista, Pérez Lloveras advirtió sobre la relevancia de este tipo de informes en causas penales. "Las pericias psicológicas muchas veces son determinantes. En delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, pueden ser claves para establecer si el hecho existió o no", señaló, y alertó sobre el riesgo institucional que implicaría su eventual manipulación.

Finalmente, destacó el accionar de la Justicia local. "Es un hecho de enorme gravedad, pero también demuestra una capacidad de autodepuración. La Fiscalía actuó con extremo profesionalismo, incluso investigando a personas que trabajan dentro del mismo ámbito judicial", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.