Condenaron a la banda que robó y torturó a una familia en un campo de Oliva

La Cámara del Crimen de Villa María dictó un fallo condenatorio contra cuatro de los siete acusados por un feroz asalto perpetrado en julio de 2023 en un establecimiento rural de la zona de Oliva, en la provincia de Córdoba. El episodio, marcado por una extrema crueldad, involucró torturas a una familia y fue orquestado desde una celda de la cárcel de Villa María a través de una videollamada.

El ataque ocurrió cuando tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de un matrimonio y sus dos hijos, quienes estaban a punto de irse a dormir. Armados con guantes, pasamontañas y armas, los asaltantes sometieron a la familia a brutales torturas. 

A uno de los hijos, que usa una prótesis en una pierna, le arrancaron el dispositivo a golpes. A la madre le fracturaron el tabique nasal, mientras que al padre y al otro hijo los sometieron a métodos de tortura extremos, como sumergirles la cabeza en fuentes de agua, exigiéndoles una millonaria suma de dinero.

El fallo condenó a Gabriel Marchetti, un preso que dirigía el asalto desde la cárcel de Villa María, a nueve años de prisión, aunque su pena fue unificada en 15 años debido a una condena previa por el asesinato de una jubilada en barrio Maldonado, en la capital provincial. 

/Inicio Código Embebido/

También fueron condenados Tobías Machado y José Luis Fardini, dos de los tres delincuentes que ingresaron al predio, ambos a nueve años de prisión, y Yamila Bárcena, quien trasladó a los asaltantes hasta el lugar, a nueve años, unificados en 12 años de prisión.

Durante el juicio, tanto el fiscal Francisco Márquez como la jueza Hebe Flores destacaron la gravedad del caso, especialmente por el hecho de que Marchetti, desde su celda, organizó el asalto utilizando un celular, lo que puso en evidencia el descontrol en el sistema penitenciario.

El caso también destapó irregularidades en el Servicio Penitenciario de Córdoba. El fiscal Enrique Gavier, quien lleva adelante una investigación contra casi 30 empleados y jefes penitenciarios, señaló que durante más de una década se permitió que internos accedieran a teléfonos para delinquir, incluso operando un "call center tumbero" para estafas y otros crímenes.

Las víctimas, aún profundamente afectadas, declararon en el juicio y expresaron su terror al enfrentarse a los acusados, abandonando rápidamente los tribunales tras su testimonio.

/Inicio Código Embebido/

Informe de Juan Federico.