Caso Dalmasso: el fiscal dijo que hay expectativas para seguir la investigación

El fiscal Pablo Jávega, a cargo de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006, brindó detalles sobre el estado actual de la causa, los desafíos judiciales y la relevancia de un informe clave que, 18 años después, sustenta la imputación del parquetista Roberto Bárzola como presunto autor del ataque sexual seguido de muerte.

Jávega destacó la importancia de la serie documental sobre el caso, el aporte de la familia de la víctima y los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal para evitar la prescripción de la acción penal.

El fiscal se refirió a la serie sobre el caso Dalmasso, que generó gran repercusión. "Es un generoso y valiente aporte por parte de la familia, que permite a la sociedad y a los operadores judiciales tener un mínimo acercamiento a lo que vive una familia damnificada por un hecho tan único. Es muy valioso".

Respecto al estado de la causa, que enfrenta un debate crucial sobre la prescripción del delito dado que pasaron casi 19 años desde el crimen, Jávega explicó que el Ministerio Público Fiscal mantiene la expectativa de continuar con la investigación y llegar a un juicio, a pesar de las limitaciones impuestas por el juez de control.

"La defensa de Bárzola solicitó el cierre definitivo del proceso, pero el juez rechazó esa petición. Sin embargo, estableció que, aunque se puede investigar y realizar un juicio, no se podría imponer una condena. Esa parte fue impugnada por el Ministerio Público y se espera que la Cámara de Acusación revierta esa decisión para mantener vigente la acción penal", detalló en diálogo con Cadena 3.

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El fiscal aclaró que la prescripción debe ser declarada judicialmente y que, hasta el momento, no fue concedida. La defensa de Bárzola, según Jávega, no alega inocencia, sino que se basa en el transcurso del tiempo, argumentando que, al superar los 15 años, el delito estaría prescripto.

Por su parte, la familia Dalmasso sostiene que los tiempos judiciales deberían calcularse considerando que Marcelo Macarrón (viudo) y Facundo Macarrón (hijo), imputados en etapas previas, estuvieron limitados para actuar como querellantes. Jávega confirmó que este argumento es uno de los ejes de la apelación presentada por el Ministerio Público: "La familia, al constituirse como querellante para representar los derechos de la víctima, se vio impedida de actuar plenamente mientras estuvieron imputados el hijo y el viudo".

Uno de los puntos más críticos abordados fue un informe elaborado en 2007 por un agente especial del FBI y la doctora Mariana Azar, a pedido del abogado Santiago Lacase. Este documento, según el entonces fiscal general Darío Vezzaro, fue entregado al fiscal a cargo de la causa en su momento. Sin embargo, no fue considerado en la investigación inicial y, 18 años después, constituye la principal evidencia para la imputación de Bárzola.

Jávega confirmó que tomó declaración a Azar para profundizar sobre el informe, pero señaló que la doctora no pudo proporcionar un ejemplar original ni precisar su trazabilidad. "Acompañó un borrador, una copia fiel de lo que habría presentado, pero no se pudo determinar si fue formalmente incorporado al expediente ni a quién fue entregado", admitió.

El fiscal evitó emitir juicios sobre las decisiones de sus predecesores, argumentando que no le corresponde evaluar el contexto en que se priorizaron otras líneas de investigación. "El material previo al juicio contra el único acusado es vasto. No es oportuno ni prudente que emita un mérito sobre por qué se siguió un vector de investigación en lugar de otro", cerró.

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Entrevista de Miguel Clariá.