Abusos: tras la muerte de Marfa, la fiscal busca esclarecer posibles responsabilidades del Estado

La fiscal de Deán Funes, Analía Cépede, confirmó que investiga posibles responsabilidades de organismos públicos y del entorno familiar de José Villarreal en las causas por abusos sexuales y grooming en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. 

Entre las medidas, se ordenó el secuestro del teléfono de la esposa del imputado para determinar si otras personas pudieron haber encubierto o facilitado los hechos.

La funcionaria también aclaró en Cadena 3 que dio por cerrada la línea vinculada con la colocación de implantes anticonceptivos a dos de las niñas: las historias clínicas establecieron que ambas tenían 14 años cuando recibieron el dispositivo y que concurrieron acompañadas por familiares responsables.

Sobre la investigación del entorno de Villarreal, Cépede explicó que se identificó a una quinta víctima, un niño con vínculo familiar con el acusado, y que el material de abuso sexual infantil investigado fue producido de manera casera. Esa circunstancia motivó nuevas medidas para establecer si alguien más conocía, avalaba o participaba de esas conductas.

“Puede haber un encubrimiento, una facilitación”, expresó. Aclaró que las eventuales responsabilidades de otras personas todavía son materia de investigación. Durante la entrevista no precisó si se había logrado acceder al contenido del teléfono de la esposa del acusado.

La fiscal distinguió, además, la excusa absolutoria que puede amparar a un cónyuge ante un encubrimiento de una eventual intervención para facilitar el delito. Según explicó, el vínculo matrimonial no excluye una responsabilidad por facilitar la comisión del hecho.

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Otro de los ejes es reconstruir la actuación de las instituciones en la historia de Marfa, la mujer que denunció abusos sufridos durante su infancia y adolescencia y que falleció el lunes pasado.

Consultada sobre su llegada a la familia Villarreal a los dos años, Cépede explicó que todavía busca establecer qué autoridad intervino y bajo qué procedimiento. Para ello, solicitó información que permita determinar si hubo una guarda o adopción dispuesta por el entonces Juzgado de Menores de Deán Funes, o una intervención del organismo administrativo de protección de la niñez.

También investiga el accionar de un instituto de menores de La Carlota que recibió a Marfa cuando tenía 16 años, después de que escapara de la vivienda de los Villarreal con un bebé de tres meses.

Según relató la fiscal, ese embarazo había sido consecuencia de un abuso sexual cometido por un hermanastro. La pesquisa busca establecer por qué no se indagó entonces sobre las circunstancias en las que la adolescente había llegado al lugar ni sobre las violencias que había sufrido. Cépede confirmó que la actuación de la comisaría local también permanece bajo investigación.

Respecto de los hechos denunciados por Marfa, la fiscal señaló que la prescripción impide avanzar penalmente, incluso sobre una tentativa de homicidio que la mujer relató haber sufrido a los 16 años.

Sin embargo, sostuvo que todavía podría haber margen para investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos. Según explicó, la permanencia en funciones incide en la suspensión de los plazos de prescripción, por lo que debe revisarse la situación de las autoridades que debieron intervenir. "Creo que puede ser que estemos a tiempo de poder investigar y poder dar una respuesta, por lo menos desde ese lado, a la familia", afirmó.

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Sobre los hospitales, Cépede explicó que el pedido de historias clínicas surgió después de que una de las niñas dijera que llevaba alrededor de dos años con el implante anticonceptivo. Ese relato había llevado a considerar inicialmente que la colocación podía haberse realizado cuando tenía entre 11 y 12 años.

La documentación permitió precisar que las dos niñas cuyos registros se revisaron tenían 14 años al momento de recibir el dispositivo. Una había concurrido con su padre y la otra con su abuela, quien estaba a cargo de su cuidado.

La fiscal fundamentó el cierre de esa línea en las edades documentadas, el acompañamiento de adultos responsables y el protocolo hospitalario sobre acceso a métodos anticonceptivos.

Durante la entrevista, también expresó preocupación por la naturalización de los abusos en algunos entornos familiares. Recordó que, cuando comenzó a trabajar en la misma fiscalía, había conocido casos en los que los agresores presentaban la violencia sexual contra sus hijas como una conducta aceptada. Comparó esas experiencias con situaciones que encuentra en la investigación actual.

Cépede relató, por último, cómo fue tomarle declaración a Marfa durante unas tres horas en el Hospital San Roque. Explicó que el objetivo era determinar si alguno de los hechos que había padecido todavía podía investigarse.

Contó que al principio la mujer se mostró reticente a hablar, por vergüenza o temor, pero que el testimonio terminó convirtiéndose en una conversación. Al finalizar, recordó la fiscal, Marfa le dijo: "Es la primera vez que siento que alguien me escucha".

También expresó su voluntad de que se conociera su historia: "Yo quiero que se sepa, quiero que se sepa todo lo que a mí me pasó para que no le pase a ninguna otra chica más", relató Cépede.

La fiscal adelantó que el sábado por la mañana viajará a Villa de María del Río Seco para reunirse con Juan Carlos, la pareja de Marfa, y con su hija. Dijo que les explicará cómo pueden continuar vinculados a la causa y recibir información sobre la investigación. Además, buscará gestionar asistencia económica y acompañamiento mediante el municipio y el área de atención a víctimas del Ministerio de Justicia.

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Entrevista de Miguel Clariá, Juan Federico y Francisco Centeno.