Abusos en el norte de Córdoba: una causa contra el exasesor Villarreal nunca llegó a la Fiscalía

La fiscal Analía Cepede confirmó que una causa iniciada en 2021 contra José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor de la Legislatura de Córdoba, quedó paralizada en la comisaría de Villa de María del Río Seco y nunca fue remitida a la Fiscalía para que continuara la investigación.

El expediente anterior contiene la denuncia de una mujer por presuntos hechos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores. Villarreal también está involucrado en la investigación actual por abusos sexuales y grooming en esa localidad del norte cordobés.

En diálogo con Cadena 3, Cepede precisó que en la causa que instruye actualmente se ordenaron 12 detenciones, de las cuales 11 ya se hicieron efectivas. El restante acusado vive en una zona rural ubicada a unos 86 kilómetros de Villa de María del Río Seco, cuyo acceso se vio dificultado por las condiciones climáticas.

La fiscal indicó que se dispuso su búsqueda y que el personal afectado a la investigación intentaría nuevamente ingresar al predio. También señaló que hasta el momento fueron identificadas tres víctimas, aunque aclaró que podrían incorporarse nuevas personas damnificadas y producirse más detenciones.

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• Una denuncia que data de 2021

Cepede explicó que tomó conocimiento de la causa anterior al recibir las planillas de antecedentes de los detenidos. A partir de esa información, localizó el sumario en la misma comisaría de Villa de María del Río Seco.

Según relató, la denuncia fue presentada en 2021 por una mujer que entonces tenía 33 años. Los hechos denunciados habrían ocurrido cuando tenía 17, después de que fuera judicializada y entregada al cuidado de la familia Villarreal.

La mujer sostuvo que habría sido sometida a condiciones semejantes a la esclavitud dentro del domicilio familiar y abusada sexualmente por dos hermanos.

“Ella manifiesta que el imputado actualmente, Villarreal, junto a su hermano habrían cometido hechos de reducción a la servidumbre”, explicó Cepede. La fiscal aclaró que ese delito supone someter a una persona a una situación de sujeción y explotación dentro de un domicilio.

Ante una consulta puntual, confirmó que Villarreal fue imputado en aquel momento, pero el expediente no avanzó.

“El sumario quedó en la comisaría local. Se lo imputó y quedó en la comisaría; nunca llegó a la Fiscalía, que es el trámite que corresponde”, afirmó. Una vez formulada una imputación, agregó, las actuaciones deben ser giradas al Ministerio Público Fiscal para continuar la investigación.

Cepede señaló además que en el expediente no consta que Villarreal haya estado detenido por esos hechos. También confirmó que, al ser notificado de la imputación, designó como abogado defensor al mismo letrado que lo representa en la causa actual.

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• Posible prescripción

La fiscal advirtió que ahora deberá analizar si los hechos denunciados pueden ser investigados o si se encuentran prescriptos. Explicó que las reglas de prescripción para los delitos sexuales fueron modificándose y que deben evaluarse según la legislación vigente al momento en que habrían sido cometidos.

Cepede anticipó que volverá a citar a la denunciante para actualizar su testimonio y determinar si en 2021 se tomó la totalidad de su relato. “Puede estar prescripto y no ser un antecedente computable, lo que no significa que el contenido de lo que ella manifiesta no tenga una magnitud semejante y que se le tendría que haber dado el tratamiento que correspondía”, sostuvo.

La funcionaria judicial aclaró que no participó de aquella actuación porque asumió como fiscal de instrucción en 2023.

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• Investigan la colocación de anticonceptivos

Cepede también informó que dos de las tres víctimas de la causa actual tienen implantes anticonceptivos subcutáneos.

En uno de los casos, la colocación se realizó cuando la adolescente tenía 14 años y concurrió acompañada por uno de sus progenitores. Según la información reunida, el implante habría sido colocado como medida preventiva porque la menor mantenía una relación de noviazgo.

La situación de la segunda víctima, en cambio, continúa bajo investigación: el dispositivo se le habría colocado cuando tenía 11 años.

“Nos llama poderosamente la atención porque era muy pequeña. Queremos saber cuál era el motivo y cuál es el protocolo de actuación sanitario si no había un adulto responsable que la acompañara”, explicó la fiscal.

Cepede subrayó que continuará trabajando sobre la prueba reunida y evitó confirmar hipótesis que todavía no estén respaldadas por elementos concretos.

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Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.