Puertos paralizados: "Cada demora de barco son entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios"

El conflicto con los prácticos del Río Paraná volvió a poner en evidencia la enorme fragilidad de uno de los engranajes más sensibles de la economía argentina. La decisión de estos profesionales de suspender el servicio, en rechazo al decreto del Gobierno nacional que desregula la actividad, mantiene prácticamente paralizada la operatoria del complejo agroexportador del Gran Rosario, con decenas de buques detenidos, pérdidas millonarias y un fuerte impacto sobre la imagen internacional del país como proveedor confiable.

La medida afecta de lleno al principal polo exportador de cereales y subproductos de Argentina. Según explicó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, ya hay más de 45 barcos detenidos y, de no resolverse el conflicto, esa cifra crecerá rápidamente. "A este momento estamos superando los 45 barcos. Y en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente", advirtió.

El origen del conflicto está en el decreto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que modifica el régimen del practicaje, una actividad considerada esencial para la navegación segura en el Río Paraná. Los prácticos —unos 500 trabajadores, de los cuales alrededor de 340 fueron notificados formalmente por Prefectura Naval— resolvieron dejar de prestar servicio como respuesta a la iniciativa oficial.

Idígoras aclaró que el sector exportador no forma parte del conflicto laboral. "No hay un reclamo salarial y nosotros no somos la contraparte de los prácticos. Ellos brindan un servicio a las agencias marítimas en la vía navegable", señaló. Al mismo tiempo, explicó que el practicaje resulta prácticamente indispensable por las características del Paraná, un río complejo y cambiante que exige un conocimiento técnico específico para el ingreso y egreso de los buques.

La reacción del Gobierno fue inmediata. Prefectura Naval comenzó a intimar a los profesionales para que retomen sus tareas y publicó en el Boletín Oficial la nómina de los prácticos alcanzados por las notificaciones, advirtiendo incluso sobre eventuales consecuencias penales en caso de persistir con la medida. Sin embargo, hasta el momento no hubo señales de un cambio de postura por parte del sector.

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Las pérdidas económicas ya son importantes. Cada barco inmovilizado representa un costo diario que oscila entre 50.000 y 100.000 dólares, únicamente por el tiempo de demora. "Cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día", graficó Idígoras. A eso se suman incumplimientos de contratos internacionales, alteraciones en los cronogramas de carga y descarga y la necesidad de reorganizar toda la logística de ingreso de mercadería a los puertos.

El dirigente empresario advirtió además sobre un aspecto que considera incluso más preocupante: el daño reputacional para Argentina. "Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación", sostuvo. En un mercado global altamente competitivo, cualquier interrupción prolongada puede derivar en que los compradores internacionales busquen otros proveedores, especialmente Brasil.

Consultado sobre la desregulación impulsada por el Gobierno, Idígoras expresó el respaldo general del sector exportador a las políticas orientadas a reducir costos logísticos, aunque reconoció que el modo en que se implementó la medida generó una fuerte reacción. "Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad", afirmó. También cuestionó que nunca existiera una mesa de diálogo previa con los prácticos para discutir los cambios.

Por esa razón reclamó una intervención más activa del Estado. "La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar", propuso.

Mientras tanto, el impacto comienza a extenderse más allá de los puertos. Si los barcos no pueden cargar, disminuye el ingreso de camiones, se acumula mercadería en las terminales y se resiente toda la cadena logística del principal complejo exportador argentino. El conflicto, que comenzó como una disputa regulatoria, ya amenaza con convertirse en un problema económico de gran magnitud para una actividad clave en el ingreso de divisas del país.

Entrevista de Hernán Funes.