El cramdown de Vicentin: "Dreyfus y Molinos no estamos para experimentar"

El proceso de cramdown de Vicentin entró en una etapa crucial, tras cinco años de un complicado proceso preventivo de acreedores que llegó hasta la Corte Suprema. La situación se complica con una causa penal en Rosario y las tensiones entre los grupos interesados en la compañía. El abogado del consorcio de Dreyfus, Molino Agro y la Unión Agrícola Avellaneda,  Tomás Araya, se refirió a la actualidad del proceso en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Araya destacó que están “muy satisfechos con toda la muy buena receptividad que hemos tenido de los que tienen que hablar, que son los acreedores”. En apenas una semana, el consorcio ha logrado superar el 52% de adhesiones y espera alcanzar el 60% en breve. Sin embargo, aclaró que “el cramdown necesita dos mayorías, mayoría de personas y mayoría de capital”, lo que significa que aún queda camino por recorrer. 

"El camino no es denunciar ni confundir a la gente. Los acreedores son los que tienen el derecho a elegir, y el juez confirmó que es hasta el viernes 31/10", sostuvo Araya, quien destacó la decisión de este lunes del juez Fabián Lorenzini. 

El abogado también subrayó la importancia de un proceso "transparente y competitivo", afirmando que “son los acreedores los que eligen”. 

En cuanto a la propuesta presentada por el consorcio, que compite con el Grupo Grassi SA, Araya aseguró que “el compromiso de los oferentes es efectivamente que la fuente laboral está garantizada”, lo que incluye la continuidad de los puestos de trabajo en las plantas de San Lorenzo y Ricardone.

La disputa se intensifica, ya que el grupo Grassi ha denunciado una supuesta maniobra ilegal relacionada con la contabilización de los votos de los acreedores. Sin embargo, Araya se mostró confiado en la transparencia del proceso y en la justicia, afirmando que “denunciar es muy fácil” y que “el derecho a elegir es un derecho que tiene, por supuesto, reconocimiento constitucional”.

Respecto a la participación de Bunge como aliado de Grassi S.A., Araya indicó que “Bunge no es parte de ninguna propuesta y no se presentó”, sugiriendo que la empresa ha decidido mantenerse al margen del conflicto actual. 

La propuesta del consorcio incluye pagos del 100% a los acreedores que adeuden hasta 130 mil dólares, y opciones que varían entre el 12% y el 70% para deudas mayores, explicó.

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Por su parte, Fernando Correa Urquiza, líder regional de oleaginosas de Dreyfus, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “el activo hoy tiene un potencial mucho más alto de lo que estaba siendo ejecutado por esta falta de mantenimiento”. Las empresas Molinos y LDC se comprometen a restaurar estos activos y maximizar su valor.

Correa detalló que “la propuesta para los acreedores más chicos, debajo de 130 mil dólares, es el 100% ”, lo que representa "una oferta diferencial". 

Para los acreedores más grandes, la propuesta es a largo plazo y refleja una inversión significativa en Argentina, destacando el compromiso de LDC en los últimos cinco años con crecimiento e inversiones.

“Dreyfus y Molinos no estamos para experimentar”, dijo Correa, y subrayó que “tenemos activos similares a San Lorenzo”. Además, enfatizó la transparencia de su propuesta, afirmando que “nuestro juego es 100% transparente, limpio”.

Respecto a la inversión necesaria, Correa indicó que “las inversiones proyectadas dependerán un poco del análisis de las operaciones una vez que se defina el cramdown”. Estiman que para poner a punto el activo se requerirá una inversión de entre 50 y 70 millones de dólares en San Lorenzo.

Entrevista de Hernán Funes.