Debate por cuidacoches en la Legislatura: "La ley no va a solucionar la pobreza"

La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para discutir uno de los proyectos más controvertidos de las últimas semanas: la iniciativa que busca incorporar al Código de Convivencia provincial sanciones para quienes ejerzan la actividad de cuidacoches o trapitos en ciudades donde esa práctica esté prohibida.

Antes de que el tema llegue al recinto, previsto en principio para la sesión de este jueves, legisladores de tres comisiones realizarán un plenario para escuchar distintas posiciones sobre una problemática que combina cuestiones de seguridad, convivencia urbana y exclusión social.

La reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Legislación General contará con la participación de representantes de la Pastoral Social de los arzobispados de Santa Fe y Rosario, que ya manifestaron reparos respecto de un enfoque centrado exclusivamente en la prohibición de la actividad.

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También expondrán integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, organización que viene siguiendo el impacto social del fenómeno en las principales ciudades de la provincia.

El proyecto que llegará a Diputados fue aprobado por el Senado tras varias semanas de negociaciones y reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo. La propuesta, impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, establece sanciones económicas y contempla incluso la posibilidad de arresto para quienes realicen tareas de cuidado de vehículos sin autorización en jurisdicciones donde la actividad haya sido vedada por ordenanzas locales.

La aplicación de las contravenciones quedaría en manos de los municipios, que actuarían como autoridades responsables de promover las acciones correspondientes.

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En ese contexto -como antes había hecho su par rosarino Pablo Javkin-, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, defendió la necesidad de avanzar con herramientas legales que respalden las ordenanzas municipales, aunque advirtió que la discusión excede el plano estrictamente punitivo.

"Hay mucho trabajo para garantizar, por un lado, que la actividad esté prohibida, pero también para evitar que esa situación termine vinculada con el delito", señaló el jefe municipal al ser consultado sobre el tratamiento legislativo.

Poletti también respondió a la consulta de Cadena 3 sobre las críticas planteadas por sectores de la Iglesia, que cuestionan la prohibición como única respuesta frente al fenómeno. "Hasta ahora la actividad no estaba prohibida y los vecinos tenían una problemática concreta", sostuvo.

Según el intendente, en la capital provincial existían situaciones recurrentes de intimidación vinculadas a algunos cuidacoches. "Muchas mujeres y adolescentes se sentían extorsionadas o expuestas a situaciones de violencia", afirmó.

No obstante, remarcó que la discusión no debería agotarse en la sanción de una ley. "La pobreza no se va a resolver con esta norma. Eso tiene que quedar claro", dijo, y agregó que el desafío de fondo sigue siendo generar condiciones para que las personas accedan a empleos formales y sostenibles.

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"Más allá de decir si se prohíbe o no se prohíbe, lo importante es proponer cómo resolver el problema. Estamos hablando de una cuestión social que requiere la participación de todos los niveles del Estado", planteó.

Las exposiciones previstas para este miércoles podrían derivar en modificaciones al texto aprobado por el Senado. Dentro del oficialismo provincial todavía existen aspectos en discusión y se busca consensuar eventuales cambios antes del debate en el recinto.

La situación también divide aguas entre los distintos bloques opositores, donde conviven posiciones que van desde respaldar un endurecimiento de las sanciones hasta reclamar políticas de inclusión social que acompañen cualquier regulación.

Con ese escenario, la Cámara de Diputados se encamina a una discusión que excede el control del espacio público y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo abordar una actividad que, para algunos, representa una forma de extorsión cotidiana y, para otros, una consecuencia directa de la falta de oportunidades laborales.

Informe de Matías Arrieta.