Aseguran que el empleo dependerá más del crecimiento que de la reforma laboral

En medio del debate por la reforma laboral, el doctor en Economía Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), analizó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario los posibles impactos de la iniciativa sobre el mercado de trabajo. Desde una mirada tributaria, explicó que el proyecto incluye una baja de contribuciones patronales del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas. Si bien calificó esa reducción como “marginal”, consideró que podría generar una leve mejora en el salario de bolsillo y un pequeño incremento en la formalización laboral.

El punto más relevante, según el economista, es la creación de un régimen de incentivo a la formalización que reduce de manera significativa las contribuciones patronales. Actualmente, el empleador paga alrededor del 27% del salario bruto en aportes destinados a jubilación, obra social y PAMI. Con el nuevo esquema, ese porcentaje bajaría al 15% durante un período de cuatro años. La intención oficial es que esa diferencia incentive el blanqueo de trabajadores hoy no registrados y facilite nuevas incorporaciones bajo un esquema menos costoso.

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Sin embargo, Argañaraz advirtió que la reforma por sí sola no generará más empleo. “Es un andamiaje”, explicó, al sostener que el factor decisivo será la recuperación de la actividad económica. En un escenario de mayor crecimiento y demanda, la nueva normativa podría favorecer que el empleo que se genere sea formal. Pero sin expansión económica, el impacto sería acotado y limitado a algunos sectores específicos.

Otro aspecto que remarcó es la baja productividad que arrastra Argentina en los últimos años. En ese contexto, anticipó que si la economía comienza a recuperarse, el primer efecto no será una mayor contratación sino un aumento en la productividad de quienes ya están empleados. Recién en una segunda etapa, cuando la mayor producción lo requiera, podría observarse una expansión del empleo.

La reforma también incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que generó polémica por su impacto fiscal. Según los cálculos del IARAF, el costo fiscal del esquema, tras las modificaciones introducidas en el Congreso, rondaría los 2.200 millones de dólares anuales. Esos recursos dejarían de ingresar a la ANSES, lo que alimenta cuestionamientos sobre un eventual desfinanciamiento del sistema previsional. Desde el oficialismo sostienen que el mayor empleo formal compensaría esa pérdida, aunque el economista señaló que, en el corto plazo, la resignación de recursos es concreta.

En paralelo, el proyecto elimina impuestos internos a los automotores, lo que —en teoría— debería traducirse en una baja de precios de entre 5% y 10%. No obstante, Argañaraz aclaró que la magnitud del traslado dependerá de la competencia y de la estrategia comercial de las empresas. También se reducen tributos en otros sectores, aunque con impacto menor en precios finales.

Finalmente, la iniciativa introduce cambios impositivos que buscan dinamizar el mercado inmobiliario. Se elimina el impuesto a las ganancias sobre alquileres para determinados contribuyentes y se suprime el gravamen del 15% sobre la venta de inmuebles adquiridos después de 2018. Para el titular del IARAF, se trata de incentivos claros a la construcción y a la inversión en propiedades, en un contexto donde el debate de fondo sigue siendo cómo lograr crecimiento sostenido para que cualquier reforma laboral tenga efectos duraderos en el empleo.

Entrevista de Hernán Funes.