La láctea SanCor pidió su quiebra: debe US$ 120 millones y 8 meses de salarios

La cooperativa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde febrero de 2025, con una deuda total estimada en 120 millones de dólares y ocho meses de salarios impagos a sus trabajadores.

El pedido fue presentado el miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, quien interviene en el proceso concursal. La decisión se tomó tras el análisis de 1.519 pedidos de verificación de créditos sobre un total de 2.702 acreedores.

Según datos del expediente, el pasivo está compuesto por unos 90 millones de dólares y más de 40.000 millones de pesos, con organismos estatales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores. A esto se suma una deuda postconcursal de 6.349 millones de pesos y un incremento mensual del pasivo cercano a los 3.000 millones.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que conduce Etín Ponce, señalaron que la presentación judicial se sustenta en informes de la sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el juzgado, que coinciden en un “estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva”.

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El gremio sostuvo que el pedido de quiebra “no agrega ni quita nada” y lo calificó como “un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”. Además, afirmó que la empresa se sostuvo “con el patrimonio de los trabajadores”, a quienes se les adeudan ocho meses de sueldos más aguinaldos.

En ese contexto, Atilra planteó que la eventual quiebra no representa un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva etapa en la que la marca podría continuar bajo otra estructura, destacando la calidad de los productos elaborados por los trabajadores.

La crisis de la cooperativa ya había motivado, a fines de 2025, la intervención judicial dispuesta por Gelcich ante reiterados incumplimientos, entre ellos la falta de pago de salarios y la ausencia de información detallada requerida por la Justicia.

En sus resoluciones, el magistrado identificó tres problemas centrales. El primero fue la “reticencia informativa”, al señalar que la empresa no aportó datos claros sobre el funcionamiento de sus plantas, contratos, niveles de producción ni esquema de comercialización. El segundo punto refiere a la “crisis laboral y previsional”, con salarios adeudados desde junio de 2025 y el aguinaldo completo sin pagar. Además, se denunció la presunta utilización de recibos de sueldo con datos falsos para evadir aportes a la seguridad social.

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Fundada en 1938, SanCor fue durante décadas una de las principales empresas del sector lácteo argentino. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, en 1994 procesaba 4,6 millones de litros diarios, liderando la industria. Sin embargo, su participación fue en descenso: en 2009 producía 3 millones de litros y para 2022 había caído al puesto 12 del ranking, con poco más de 533.000 litros diarios.

Actualmente, procesa alrededor de 700.000 litros diarios —entre producción propia y de terceros— en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba, con niveles de actividad variables. Parte de su producción se destina a productos de mayor rentabilidad, mientras que mantiene acuerdos con otras empresas bajo distintos esquemas, incluidos contratos a fasón y asociaciones con reparto de costos.

El deterioro se profundizó entre 2023 y 2024, en medio de conflictos sindicales con Atilra que derivaron en bloqueos de plantas y atrasos salariales, situación que desembocó en la presentación del concurso preventivo.

Otro factor clave en su crisis fue el incumplimiento de pagos por parte de Venezuela en el marco de acuerdos comerciales firmados desde 2006, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner. A través de esos convenios, la empresa exportó productos lácteos a cambio de combustible en el marco de un fondo fiduciario bilateral.

Tras el default venezolano en 2017, quedó una deuda que llegó a superar los 30 millones de dólares. Aunque una parte fue cancelada, aún restan unos 18 millones con escasas probabilidades de recuperación. Pese a gestiones realizadas ante distintos gobiernos argentinos, la cooperativa no logró avances para destrabar ese reclamo.