La Iglesia de Córdoba criticó la iniciativa de Llaryora de prohibir a naranjitas

Bajo el título "Ciudades para todos", la Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba difundió este lunes un comunicado en el que advierte que las problemáticas relacionadas con quienes cobran estacionamiento en la vía pública no pueden abordarse sin comprender el escenario de "cultura del descarte" que genera excluidos.

La Iglesia sostuvo que la sociedad de consumo actual traslada una lógica de desecho a las relaciones humanas, llegando, incluso, a desear la desaparición del otro sin considerar sus condicionamientos sociales.

En este sentido, la entidad manifestó su convicción de que la prohibición del "trabajo popular" no representa la verdadera solución al conflicto.

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El documento pone en valor los marcos legales vigentes, como las ordenanzas 10.425 y 10.837 de la ciudad de Córdoba, que permitieron estructurar un sistema de cooperativas de trabajadores.

Según la Pastoral, este camino de inclusión social y laboral ha permitido que siete cooperativas agrupen a más de 600 trabajadores, garantizando el sustento diario de cientos de familias cordobesas.

Por ello, instó a potenciar estos procesos organizados, que han buscado dar respuestas de dignificación en sectores que históricamente estuvieron fuera de cualquier amparo estatal.

Desde la Iglesia, destacaron que la organización cooperativa ha demostrado ser una herramienta eficaz para la convivencia, ya que establece una tarifa fija que evita extorsiones y permite un control por parte de organismos como el INAES y el Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

El comunicado cita una advertencia del papa Francisco: "Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal".

Bajo esta premisa, la Pastoral propuso cuidar y potenciar estas experiencias asociativas y generar espacios comunitarios, que brinden capacitación y acompañamiento a los trabajadores.

Respecto al rol del Estado, la Pastoral Social consideró que éste debe ser el garante de los derechos de todos y regular el uso del espacio público para evitar las situaciones de desencuentro que genera la falta de normativa.

La propuesta sugiere realizar estudios de planificación urbana para asignar zonas de estacionamiento medido, tanto a cooperativas existentes como a nuevas organizaciones o registros individuales avalados por instituciones de bien público.

El objetivo final debe ser generar una sinergia y empatía entre trabajadores y usuarios, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de la inclusión laboral.

Finalmente, la Iglesia reconoció la existencia de realidades complejas que circundan la actividad, tales como la delincuencia, el consumo de drogas y los problemas de salud mental.

Sin embargo, el comunicado enfatiza la necesidad de distinguir sin "meter todo en la misma bolsa", separando lo que es la prestación de un servicio público regulado de las patologías o delitos que requieren abordajes específicos.

La Pastoral Social concluyó que el Estado, en sus tres niveles, es el principal responsable de este abordaje integral y sistémico para lograr una sociedad donde todos puedan tener un lugar y crecer.

Comunicado completo

CIUDADES PARA TODOS

Aportes al debate en torno a las personas que cobran estacionamiento en la vía

pública.

1. La cultura del descarte

No se pueden abordar las problemáticas en torno a las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública sin una visión y comprensión del escenario o marco cultural y económico en el cual se manifiesta o emerge hoy esta realidad.

La cultura del descarte, denunciada de forma sostenida por el recordado papa Francisco, “produce” empobrecidos, descartados y excluidos de la “mesa común” de la vida.

Participamos de una etapa histórica identificada como sociedad de consumo, que exprime los recursos de distintos tipos sin consideraciones éticas, trasladando la misma lógica a las relaciones humanas y a las personas, generando descartes humanos. Hay que decirlo claramente: participamos como sociedades de un descarte humano; se llega hasta desear la desaparición del otro.

Luego, sin esta lectura de fondo, se visualiza a las personas individualmente como si fueran plenamente libres, sin condicionamientos y, por tanto, susceptibles de descripciones, interpretaciones, juicios, condenas, etiquetas, clasificaciones y descalificaciones, hasta llegar a la aporofobia y como si los empobrecidos y descartados del sistema de la vida eligieran vivir en la marginalidad de la dignidad humana.

Sin esta lectura de la realidad en la que, en gran medida, nos hemos convertido como especie humana, las lecturas o interpretaciones son muy parciales, fragmentadas e inadecuadas para comprender las múltiples complejidades en las que navegamos sin dirección correcta, sin soluciones de fondo, sin esperanza para que todos entren en la “mesa común” de la vida.

Tampoco debemos desconocer las nuevas realidades y la inestabilidad de los trabajos existentes. Las reglas del mercado y la aparición de nuevas tecnologías pueden dejar sin trabajo en poco tiempo a gran cantidad de personas.

Estamos convencidos de que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución.

2. Marcos legales vigentes y sus reglamentaciones correspondientes

Consideramos relevante poner en valor los marcos legales e institucionales desde donde el Estado ha abordado de una manera positiva el trabajo en los espacios públicos, incluyendo a los trabajadores organizados en cooperativas.

Entendemos que esta temática no es propia del ámbito provincial, sino municipal, ya que la problemática, como su abordaje mediático y político, es específico de la ciudad de Córdoba. En este marco, señalamos como un camino virtuoso y valoramos las ordenanzas que estructuraron el sistema de cooperativas en la ciudad de Córdoba, como lo es la Ordenanza N° 10.425, sancionada en el año 2001, que estableció el régimen legal para el estacionamiento medido y permitió la participación de cooperativas de trabajadores. También rescatamos la Ordenanza N° 10.837 del año 2005, que regula la concesión del servicio a entidades sin fines de lucro. Consideramos que hay un camino recorrido de inclusión social y laboral en estos procesos generados por este marco normativo, que ha permitido que 7 cooperativas agrupen a más de 600 trabajadores, desde donde se organiza el trabajo que genera un sustento diario para sostener a cientos de familias cordobesas.

3. Los trabajadores empobrecidos organizados desde la economía popular reglamentada

Desde la economía popular, se han buscado las respuestas a las necesidades de trabajo, de dignificación de tareas y de organización para acercar algunos derechos a trabajos que estaban completamente fuera de cualquier amparo.

Para las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública, las cooperativas han demostrado ser una respuesta a las problemáticas que se pueden generar de convivencia entre quienes realizan el trabajo y quienes reciben el servicio:

- Las mismas tienen una tarifa fija que evita las “extorsiones”.

- Los asociados a las cooperativas se organizan para distribuir las calles de los sectores que la Municipalidad les concesiona, lo que le evita a la Municipalidad realizar esa tarea.

- Las concesiones, como todas, tienen una fecha de inicio y una de fin, lo que permite a la Municipalidad hacer evaluaciones del servicio prestado por cada cooperativa.

Pero, además del control que puede hacer la Municipalidad por la tarea que realizan, las cooperativas son controladas en su estructura y funcionamiento por organismos nacionales (INAES) y provinciales (Ministerio de Cooperativas y Mutuales).

Conocemos experiencias positivas en algunos municipios de menor cantidad de habitantes que la ciudad de Córdoba, en los que no sólo existen estas experiencias asociativas, sino que también funcionan los registros individuales.

Estas construcciones generadas en torno a los gobiernos locales, que incluyen a la organización cooperativa, son experiencias positivas y una buena práctica de política pública a cuidar y potenciar, ya que, de lo contrario, desconocer estos caminos recorridos nos empujará, como decía el papa Francisco (2024), a que “si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”.

Creemos que es fundamental generar espacios comunitarios para que sostengan, brinden capacitaciones y acompañen a los trabajadores para poder abordar sus problemas y generar oportunidades para crecer.

4. La responsabilidad del Estado en todos sus niveles en la reglamentación e implementación de lo legislado

Estamos convencidos de que el Estado debe ser garante de los derechos de todos y regular el uso del espacio público para así evitar que queden, como sucede en la actualidad, espacios públicos que, teniendo factibilidad para ser asignados a permisionarios cooperativos, a registros individuales o familiares, están sin estar regulados, generando así situaciones de desencuentro tanto para aquellos trabajadores que cobran en el estacionamiento de manera responsable, como para los titulares de los vehículos. Es en este contexto que consideramos que, desde los espacios de planificación urbana estatal, se deben realizar los estudios pertinentes para evaluar cuáles son aquellos espacios públicos factibles para ser afectados a zonas de estacionamiento medido y desde esa planificación asignarlos a los permisionarios cooperativos existentes, a nuevas cooperativas que se conformen o a registros individuales avalados por alguna institución de bien público.

La normativa vigente en la ciudad de Córdoba es un marco legal adecuado para abordar esta cuestión social, que para nosotros tiene que ver con la inclusión social desde el trabajo. Es el rol del Estado contribuir a generar y sostener trabajo como forma de inclusión social y construcción de comunidad, ayudando a generar nuevos vínculos sociales que acompañen y sostengan a los trabajadores desde la generación de oportunidades. Una política pública de esta naturaleza tiene que generar sinergia y empatía entre los trabajadores, los usuarios y la sociedad toda, la cual no sólo se limita al cobro de un estacionamiento, sino que avanza en el fortalecimiento de lazos comunitarios. Estos procesos deben estar acompañados por instituciones de bien público, espacios académicos y equipos interdisciplinarios.

5. Realidades que circundan en torno al debate de tema y requieren abordajes específicos y diferenciados

No somos ajenos a tres realidades complejas que requieren respuestas complejas. Tres realidades que circundan el trabajo de las personas que cobran estacionamiento en la vía pública, a saber: la delincuencia, el consumo problemático de alcohol y drogas, y los complejos problemas de salud mental en algunas de las personas que realizan el servicio o dicen hacerlo.

Sin embargo, creemos que hay que diferenciar. Tenemos que distinguir sin mezclar ni “meter todo en la misma bolsa”: una cuestión es el trabajo/prestación de servicio público según las reglamentaciones vigentes y otra, estas tres realidades antes mencionadas.

El abordaje integral y sistémico de éstas tiene como responsable social principal al Estado (nacional, provincial y municipal) y necesita la colaboración de la sociedad en su conjunto que, sin seguir agravando la complejidad de las mismas, colabore con sus posibilidades (empresariado, organizaciones en general, iglesias, vecinos, etc).

Anhelamos convivir en espacios de encuentro, donde todos tengamos lugar, donde cada uno pueda aportar y recibir algo. En definitiva, lograr una sociedad donde todos podamos crecer.