El Senado provincial dio media sanción a la ley que prohíbe "trapitos"

El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches, aunque con cambios significativos respecto de la iniciativa original presentada por el senador Ciro Seisas. La discusión se extendió más de lo previsto y derivó en una redacción que combina la incorporación de nuevas faltas al marco legal vigente con un fuerte protagonismo de los municipios en su aplicación.

La propuesta modifica el Código de Faltas provincial al establecer sanciones para quienes, sin autorización y en zonas donde exista prohibición, ofrezcan o presten servicios vinculados al estacionamiento en la vía pública —como cuidado, vigilancia o limpieza de vehículos— a cambio de una retribución económica, sea esta voluntaria o no.

Las penas contemplan entre dos y diez días de trabajo comunitario y la prohibición de regresar al lugar donde se cometió la infracción, mientras que la reincidencia puede derivar en arrestos de entre diez y veinte días.

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El esquema sancionatorio prevé agravantes que elevan las penas, especialmente cuando medien situaciones de violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolle en áreas con estacionamiento regulado o en las inmediaciones de eventos masivos, así como también en casos donde se detecte aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad. A esto se suman restricciones más severas en horarios nocturnos y en zonas consideradas sensibles, como entornos escolares, bancarios, comerciales o edificios públicos. Además, el texto incorpora un apartado específico para quienes organicen o coordinen estas prácticas, con sanciones que pueden escalar hasta cuadruplicar los mínimos y máximos previstos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que, si bien habilita a la Policía a intervenir para hacer cesar la actividad, delega en los gobiernos locales la implementación concreta de la norma. De este modo, cada municipio deberá adherir mediante ordenanzas propias y definir los alcances de su aplicación en función de su realidad. Este aspecto resultó clave para destrabar el debate, en particular frente a las objeciones de localidades más pequeñas, donde la problemática no tiene la misma dimensión que en grandes centros urbanos y, en algunos casos, existen mecanismos formales de organización de la actividad.

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La iniciativa también incorpora un enfoque complementario orientado a la inclusión social. Se prevé que el Poder Ejecutivo desarrolle políticas de capacitación laboral, formación en oficios y asistencia en materia de salud mental y consumos problemáticos, en articulación con los municipios y otras instituciones. La intención es acompañar la restricción con alternativas para quienes actualmente dependen de esta actividad como fuente de ingresos.

Con estas modificaciones, el proyecto avanza en la Legislatura provincial con una formulación más flexible en su aplicación territorial, al tiempo que busca equilibrar la regulación del uso del espacio público con estrategias de contención social.