Revés judicial para Argentina por la nacionalización de YPF.

Revés para Argentina

La demanda por la expropiación de YPF seguirá en EE.UU.

05/06/2020 | 17:55 | La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de Argentina. Tanto el Gobierno de Mauricio Macri como la actual administración pretendían que la causa se tramite en tribunales locales.

La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló este viernes en contra de la Argentina al decidir que el juicio por la expropiación de la petrolera YPF llevada adelante en 2012 seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.

Ahora, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la Argentina por el caso YPF, pedirán que la jueza ordene a la compañía y al gobierno argentino abonen un resarcimiento por presuntos daños económicos estimados que podrían alcanzar los 9.000 millones de dólares.

La resolución sobre el futuro del millonario juicio por la estatización de YPF es un año después de que Preska ordenara al gobierno argentino y a los demandantes, Burford Capital y Eton Park, que presentaran escritos para respaldar sus respectivas posturas respecto de dónde debe continuar y cómo debe resolverse el litigio .

La administración de Mauricio Macri había presentado una moción para desechar la demanda bajo el argumento de "foro no conveniente", por el cual los abogados del país aspiraron a que la jueza, sucesora del juez Thomas Griesa, desestime la demanda bajo el argumento de que el litigio debe dirimirse en los tribunales argentinos porque es la jurisdicción más apropiada.

Hay distintas estimaciones acerca de cuál podría ser el costo para la Argentina en caso de perder este juicio, pero los expertos indican que la demanda total podría ubicarse entres los 3.000 y los 9.000 millones de dólares.

Buford Capital, un fondo británico, lleva adelante el reclamo de dos demandantes: Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management que en 2012 tenían acciones de YPF cuando fue estatizada por el gobierno de Cristina Kirchner vía un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso.

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